.gif)
Una herida que se creía superada se volvió a abrir el pasado 26 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala en medio de las circunstancias más adversas. De Tlatelolco a la noche de Iguala, muchas cosas han cambiado en México, pero las afrentas contra los desprotegidos se siguen presentando como si el tiempo se hubiera estancado.
El 2 de octubre de 1968, el Ejército abrió fuego contra los estudiantes que protestaban en la Plaza de las Tres Culturas de la Unidad Habitacional Nonoalco-Tlatelolco, en la Ciudad de México. El hecho marcó una de las páginas más negras de la historia moderna mexicana y fue tomado por muchos intelectuales, académicos y activistas como un ejemplo de lo que ya no debería pasar en México.
Lo abrumador de la masacre y el contexto en el que se suscitó –diez días después se inauguraron en México los Juegos Olímpicos de 1968– volvieron históricos los hechos y acuñaron entre la población la frase “2 de octubre no se olvida”. En diferentes ciudades del país, aunque con mayor fuerza en la Ciudad de México, se llevan a cabo marchas para conmemorar este momento.
Menos de 50 años después y en un contexto totalmente diferente, 43 estudiantes fueron desparecidos por elementos del Estado, ahora en la entidad sureña de Guerrero. Los informes oficiales han negado la participación de miembros del Ejército en los hechos de Iguala del año pasado, pero los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes señala que por lo menos los militares actuaron con omisión en el caso.
El debate sobre si los miembros de las fuerzas castrenses participaron o no en los hechos de Iguala responde al interés del Estado Mexicano de no inmiscuir a una de sus instituciones más respetadas en estos sucesos trágicos. Mucho ha costado que la sociedad cambie su percepción sobre los militares tras aquel 2 de octubre, por lo que la confianza perdida sería un costo incalculable para el Ejército.
Por otro lado, las similitudes entre Ayotzinapa y Tlatelolco son contundentes. En ambos hechos, los afectados fueron estudiantes y miembros de las clases pobres. Ambos ocurrieron bajo regímenes priistas, ya que aunque el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, era de extracción perredista, el presidente de la república ha sido coincidentemente tricolor. En ambos casos, el descontento de la población hacia la institución presidencial es mayoritario.
Pero ambas tragedias, quizás por lo dramático de sus circunstancias, han tenido repercusiones a nivel internacional y han generado para México la fama de un país en el que no se respetan los derechos humanos, donde se asesinan a los estudiantes y el gobierno no tiene la capacidad de velar por la seguridad de sus ciudadanos.
