Acta Pública

No hay perdón que alcance

Claudia Rodríguez

La desaparición en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014, de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de  Ayotzinapa, que fueron perseguidos y atacados por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, tuvo también como saldo nueve personas que fallecieron y hasta civiles y periodistas heridos.

 

Lo toral de este asunto es que a la fecha, investigaciones diversas de por medio, no se ha logrado dar con el paradero de los estudiantes que muchos presumen muertos, pero sus familiares los reclaman vivos.

 

El caso de los teléfonos móviles que pertenecieron a los estudiantes y que fueron usados meses después por policías municipales y ciertos funcionaros, permitieron a la Procuraduría General de la República (PGR) establecer indicios de la participación de ellos en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero hasta ahora las mismas autoridades, nos dicen, no han podido aportar información concluyente del paradero de los estudiantes.

 

Este reporte al que se han vinculado más de 300 números celulares en comunicación a los que fueran de los normalistas, es lo que da el mayor aliento a los padres de los estudiantes, para exigir el lugar de su paradero.

 

Han sido 29 meses desde que en Iguala, policías municipales de Guerrero persiguieron y capturaron a los estudiantes y su destino ha sido celosamente guardado, e incluso han relevado a un procurador y más funcionarios por la invención de pruebas.

 

Este hecho, entre otros, nos revela lo solos que estamos todos los mexicanos, dentro y fuera del territorio nacional, ante autoridades omisas, corruptas y de grandes intereses particulares.

 

Ya no habrá justicia que alcance para los jóvenes normalistas, ni para sus familiares a casi tres años de enredos jurídicos.

 

Justo como el perdón público al que fue obligada la PGR, por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para las tres indígenas Jacinta, Teresa y Alberta acusadas de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación, por lo que las mujeres pasaron tres años y ocho meses encarceladas.

 

En México somos más culpables por nuestro color, nuestra condición económica, nuestras raíces y, claro, nuestro género, que por los delitos o no que comentamos.

 

Para Jacinta y sus compañeras no alcanza el perdón, para los normalistas y sus familias, la burla es al extremo.

 

Acta Divina… El titular de PGR, Raúl Cervantes, pidió una disculpa pública a tres mujeres Hñähñú por acusarlas del secuestro de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación (AFI): “Ante ustedes Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, reconozco públicamente su inocencia respecto a los delitos que se les atribuyeron”.

 

Para advertir… Sin embargo, no hay nada que les devuelva todo lo que perdieron. Hasta al hijo de Jacinta que falleció justo dos días después de su liberación.