Utopía

Encuentro para un monólogo en Los Pinos

Eduardo Ibarra Aguirre

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo planteó con todas sus letras y frente al comandante supremo: “Hacer una ley para regular la acción policiaca de las fuerzas armadas no implica la solución a la inseguridad, la violencia y la falta de acceso a la justicia. Su participación en tareas vinculadas a la seguridad no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado”.

 

Con la notable ausencia del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y el de Marina Francisco Soberón, en la presentación del informe de labores del año pasado de Luis Raúl González Pérez, éste hizo un balance telegráfico: “El 2016 no fue un buen año para los derechos humanos”. Detalló que persistieron la tortura, las ejecuciones arbitrarias y desapariciones, hechos frente a los cuales el acceso a la verdad y la justicia sigue siendo una mera aspiración para los familiares, quienes han sacado a la luz la existencia de un gran número de fosas clandestinas e irregulares, delineando así una auténtica geografía del dolor y de la indiferencia en México.

 

Reafirmó el denominado ombudsman (defensor del pueblo, en sueco) por enésima ocasión que “Los militares deben volver a los cuarteles cuando así lo permitan las condiciones del país, pero bajo un programa gradual y verificable”.

 

De allí que las ausencias del divisionario y del almirante resulten comprensibles, acostumbrados como están al reconocimiento y el aplauso en automático por el Ejecutivo federal. Y ya entrados en gastos, reporta Reforma (4-IV) que la Sedena “necesita con urgencia un nuevo avión ‘para traslado de funcionarios de alto nivel’ que va a costar a los mexicanos mil 450 millones de pesos. A poco más de dos años de haber comprado un jet de lujo Challenger 605 de 27.5 millones de dólares, y un Gulfstream G-150 de 37.7 millones de dólares, la dependencia argumentó que no le basta su flota actual para este tipo de operaciones de traslado del alto mando”.

 

Premios aparte a la cúpula castrense en un país saturado de carencias sociales y en un año de  rigurosa austeridad gubernamental que no empieza por su elite, pero donde el mandatario “no le debe su cargo al Ejército, sino a los ciudadanos” (Raymundo Ramos, dixit), González Pérez abundó que una ley para legalizar la participación de las fuerzas armadas en tareas policiacas y hasta ministeriales, “no debe propiciar que se restrinja o limite el legítimo ejercicio de derechos tales como la protesta social o la libertad de tránsito, entre otros. Y se daría una clara muestra de empatía con las víctimas, reconocer también la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para recibir peticiones individuales, así como legislar sobre desplazamiento forzado interno”.

 

La respuesta de Enrique Peña Nieto permitió establecer un monólogo entre dos presidentes, el de México y el de la CNDH, al insistir el primero en su llamado a atender la demanda de aprobar una norma jurídica para dar certeza al actuar de los cuerpos militares en el combate a la delincuencia.

 

Explicó el viernes 31 que “Es un tema relevante, porque permitirá dar certidumbre a los ciudadanos y a nuestras instituciones armadas, mejorando nuestro orden legal de protección a los derechos humanos”.

 

El obsesivo mexiquense de Atlacomulco hizo un reconocimiento a las fuerzas armadas por segunda ocasión en cinco días: “Ellas han asumido la protección de la sociedad frente a la violencia del crimen organizado”. Qué necedad.