Imagen Económica

El Estado-depredador: Costos y Fondos de reconstrucción

Carlos Alberto Jiménez Bandala*

Los sismos recientes potenciaron la visibilidad de lo que de por sí ya era evidente: la corrupción y la ineficiencia de los responsables de las políticas públicas del país, ahora que inicia la reconstrucción, vale la pena un análisis desde la Economía.

 

La Teoría de la Elección Pública es un campo de conocimiento de la Economía que busca estudiar problemas de las Ciencias Políticas, al interior se ha postulado la “teoría de la búsqueda de rentas” (Kruegen, 1974). Esta teoría explica cómo funcionarios y burócratas desvían recursos, esfuerzos y energías en búsqueda de ingresos por actividades no productivas, por ejemplo licitaciones, licencias, permisos o trámites públicos.

 

Las consecuencias son el riesgo moral que disminuye el beneficio social, el Estado aparece como un “depredador” que termina por apropiarse el excedente y mermar el bien de todos. Esto pasa cuando hay un Estado que monopoliza las decisiones, que concentra y centraliza, sin regulaciones externas, sin vigilancia, sin transparencia y sin rendición de cuentas.

 

El derrumbe de edificios y construcciones ha sido también el derrumbe de muchas instituciones. Todo el discurso de rendición de cuentas que los políticos han venido repitiendo los últimos años se ha venido abajo. Los funcionarios y burócratas fortalecieron un estado depredador en búsqueda de rentas y beneficios personales. Es momento de que rindan cuentas por los muertos y damnificados.

 

Desde permisos de construcción apócrifos, vigilancia en sistemas de seguridad, materiales de mala calidad, todo fue encubierto con el caliche de la corrupción. Como muestra está el Centro Escolar de Izúcar de Matamoros (Puebla), recientemente remodelado; en sus ahora estructuras dañadas quedó al descubierto el uso de materiales de mala calidad o procedimientos inadecuados como por ejemplo en el reforzamiento de columnas y trabes.

 

Este Estado-depredador se muestra ausente en las comunidades donde poco beneficio rentístico se puede obtener: el abandono total en la mixteca poblana, en el istmo oaxaqueño, en la sierra de Morelos o de Guerrero; en cambio, ha mostrado sus afilados colmillos en aquellos lugares donde el lucro y la especulación inmobiliaria se incrementa, no fue un error que la atención se centrara en un colegio de la calle de Rébsamen en la colonia Narvarte (CDMX) donde cada alumno de primaria pagaba colegiaturas de 6,000 pesos mensuales.

 

El descrédito ha sido una constante, cosa que no ocurría en otras catástrofes naturales donde el gobierno hacía su aparición heroica y desfilaban ante él los pobladores damnificados agradeciendo al presidente.

 

En esta ocasión, el pueblo rescatista corrió con insultos al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong de las ruinas de una fábrica; a patadas ahuyentaron al delegado de Xomichilco que llegaba a la zona de desastre; no dejaron hablar al gobernador de Morelos y un grupo de ciudadanos desplazó a funcionarios en un centro de acopio para organizar de mejor forma el reparto; a Peña Nieto le han insultado de mil maneras, lo mismo en Morelos le gritaron “ensucia tu camisa de miles de pesos”, que en Puebla le exigieron “agarra una pala” o “¿por qué no trajiste comida?”. Hasta los militares han pasado tragos amargos, cuando fueron corridos de un derrumbe donde la sociedad tomo las riendas del rescate ignorando a la autoridad marcial.

 

A esta situación, se le añade la ineficiencia del gobierno, se han quedado pasmados frente a una sociedad que reclama acciones rápidas. Al momento de la edición, el Gobierno de la Ciudad de México llevaba apenas un 20 % de inmuebles dictaminados, mientras que en otros tuvo que aceptar dictámenes preliminares no respaldados por Directores Responsables de Obras (DRO); la SEDATU tenía sólo cálculos de 33 mil viviendas dañadas en 3 estados del país cuando el sismo afectó a 8 entidades; el gobierno federal no tiene un cálculo preciso de la construcción y hay pólizas de seguro que no aparecen, entre ellas las de Puebla.

 

Por si fuera poco, el bono de desastres del Banco Mundial, que es una especie de seguro, no será aplicable, ya que sólo se contrató para sismos mayores a 7.8 grados Richter.

 

En esa danza de cifras, están bailando más de 54 mil millones de pesos (véase tabla 1) que es la suma de los recursos del FONDEN y otros fondos concurrentes, el problema es que hay una desconfianza ciudadana de que esos recursos lleguen efectivamente a los damnificados.

 

Tabla 1. Fondos constituidos para la reconstrucción (millones de pesos)

Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN)

9,000

 

Fondo de Reconstrucción (FONREC-Banobras)

6,952

 

Fondo de Aportación para Infraestructura Social (FAIS)

26,995

 

FONDES-CDMX

9,400

 

Póliza de seguro Puebla

318

 

Fondo SEP (reconstrucción)

1,800

 

Total

54,465

Elaborado con datos de SHCP

 

 

 

Enki Research, una organización internacional de investigación científica, estimó que la reconstrucción costará unos 10,100 millones de dólares, será más cara que la reconstrucción tras el sismo de 1985 que costó aproximadamente unos 9,128 millones de dólares actuales. Lo anterior significa aproximadamente 181,800 millones de pesos, (al tipo de cambio del día de ayer), esto es, 3 veces más de los fondos que dispone el gobierno.

 

Es necesario que el gobierno de México en todos los niveles recupere su credibilidad y para ello deberá de involucrar a la sociedad civil; si le ha reconocido su participación en el rescate y remoción de escombros, justo es que le dé continuidad y espacios de participación. Descentralizando decisiones, vigilando la aplicación de recursos, incluyendo en la creación de reglamentos y mecanismos para otorgamiento de usos de suelo y licencias de construcción. Es la única vía para acabar con el Estado-depredador y el funcionario que busca rentas.

 

*Profesor-Investigador Facultad de Negocios Universidad La Salle México

Miembro del Sistema Nacional de Investigadores

 

Twitter: @BandalaCarlos