Recibe SCJN primera controversia sobre Ley de Seguridad Interior

 
Xinhua

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, máximo tribunal) de México recibió este viernes la primera controversia constitucional sobre la polémica Ley de Seguridad Interior, que regula el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, de parte del municipio mexicano de San Pedro Cholula del central estado de Puebla, por considerar que la norma violenta de manera flagrante su autonomía.

 

La controversia se recibió y fue turnada al ministro de la Corte, Jorge Mario Pardo Rebolledo, como instructor del procedimiento, quien deberá resolver si la controversia se admite o no a trámite, explicó la SCJN en su lista de expedientes recibidos.

 

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, promulgó el pasado 21 de diciembre la Ley de Seguridad Interior sin emitir la declaratoria correspondiente pues dijo que esperará a que se presente un esperado recurso de inconstitucionalidad de la misma ante la SCJN, órgano judicial que a su vez, es la única instancia que podrá determinar  si la norma es constitucional o no.

 

El Ejecutivo mexicano envió hace más de tres años al Congreso mexicano la Ley de Seguridad Interior para reglamentar la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y en el combate al crimen organizado, cuando las autoridades locales de una entidad se vean superadas por situaciones que constituyan una amenaza a la seguridad interior, misma que a finales del año pasado fue aprobada por el Poder Legislativo.

 

Sin embargo, y pese a que el gobierno considera que la ley es necesaria para dotar de un marco jurídico la intervención de las Fuerzas federales, pues establece que su papel se acota a situaciones indispensables y limita la temporalidad de sus operaciones, para miles de mexicanos, académicos, legisladores de oposición e instancias de derechos humanos, así como Naciones Unidas, están en contra de ella, al considerar que esas tareas debieran ser responsabilidad de la Policía y no del Ejército.

 

De acuerdo a la norma, se establece que las operaciones que realicen las Fuerzas Armadas tienen que garantizar los derechos humanos en todo momento y sin excepción, un factor que preocupa a las voces opositoras porque los soldados que han sido partícipes de las tareas de seguridad pública han incurrido en casos de violaciones de garantías durante su despliegue.

 

La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha unido a las voces de preocupación exponiendo que la nueva ley no es un aliciente y que es necesario que las policías locales se robustezcan para cumplir su tarea.

 

A la fecha, las acciones de cerca de 43.000 soldados que están desplegados de manera permanente en las calles se sustentan en una tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció que la delincuencia organizada constituye una amenaza a la seguridad y se justifica la participación de las Fuerzas Armadas.

 

Militares patrullan ciudades y caminos en diversos estados del norte, centro y sur de México para inhibir a los grupos criminales desde diciembre de 2006, cuando el entonces presidente mexicano Felipe Calderón (2006-2012) echó mano de ellos para contrarrestar la creciente violencia que se registraba a causa de disputas entre cárteles del narcotráfico.