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Ratificar tardíamente el Pacto de derechos civiles y sociales, dos décadas después de su creación, así como permitir atrasadamente en el país la intervención de la Corte y la Comisión Interamericanas dan fe del rezago de México en materia de derechos humanos.
Lo anterior fue señalado por la especialista Patricia Olamendi en la Universidad Iberoamericana de Puebla al impartir la conferencia titulada "Avances y desafíos de los derechos humanos en México".
Abundó que muchas de las sentencias enunciadas por la Corte Interamericana en territorio azteca siguen sin cumplirse, por ejemplo el caso de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, dos indígenas que fueron violadas por elementos de las fuerzas castrenses y a las cuales no se les han cumplido una de sus peticiones: construir en su comunidad un centro de apoyo para las mujeres.
Por otro lado, mencionó que hay una fila de personas demandadas ante la Corte Internacional que no han sido revisadas, siendo los casos más conocidos los de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Resaltó que el mayor desafío de México en derechos humanos es el déficit de las políticas públicas en la materia; recomendó comenzar una especie de campaña de alfabetización para que los ciudadanos conozcan cúales son los derechos fundamentales.
