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Sedatu ignoró a 6 municipios de Puebla afectados por el 19-S

La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Rosario Robles Berlanga, no censó a seis municipios de Puebla que fueron afectados durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, por lo que se quedó sin apoyos económicos para la reconstrucción, revela el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

 

De acuerdo con la segunda entrega de la cuenta pública 2017 del gobierno federal, la Sedatu se limitó a solo censar el 52.4 por ciento de los municipios afectados en Puebla, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Tlaxcala y Veracruz que tuvieron afectaciones durante los sismos de septiembre de 2017; pese a que tenían declaratorias de desastre, se quedaron fuera del conteo 47.6 por ciento de los municipios, es decir, casi la mitad.

 

En el caso de Puebla, fueron seis las demarcaciones a las que personal de la Sedatu jamás llegó y por ello sus pobladores afectados se quedaron sin apoyos federales para la reconstrucción.

 

Si bien el documento no especifica el nombre de los municipios olvidados, da cuenta del caso de San Sebastián Tlacotepec, que no estaba incluido en la declaratoria de emergencia ante el desastre natural, pero estuvo en la base de datos de la Secretaría para recibir apoyos.

 

La excusa, maneja la dependencia, es que el nombre de San Sebastián Tlacotepec era muy parecido a Tlacotepec de Benito Juárez, que sí tenía afectaciones, pero al que, según la ASF, los apoyos no llegaron pues no hay registro de la corrección.

 

El informe de la Auditoría da como resultado que la Sedatu tuvo una actuación “limitada” en la cobertura de municipios afectados y las bases de datos que incluían el censo de los beneficiarios no contaron con los controles necesarios para evitar duplicidades.

 

Además, revela que la Secretaría a cargo de Rosario Robles tenía falta de evidencia respecto a cómo se determinó el esquema para la entrega de apoyos y no hubo suficiente coordinación interinstitucional en el cruce de información.

 

Asimismo, recrimina que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no instruyó a BANSEFI, encargado de dar las tarjetas de apoyo a las familias afectadas para que reconstruyeran su casa, para que de manera oportuna modificara su marco normativo para regular su actuación, situación que se dio 192 días naturales después del 2 de octubre, fecha en la que debía iniciar la entrega de recursos.

 

Según al ASF, la Sedatu presenta irregularidades por 1,901.38 millones de pesos a través de convenios con universidades y organizaciones sociales que nunca se concretaron, pero que se pagaron, tal como fue el modus operandi de la llamada “Estafa Maestra”.

 

Para esta cifra determinada en la Cuenta Pública 2017, la Auditoría dice ya haber presentado 30 denuncias.

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