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¿De qué se trata la medida cautelar que pediría Martha Erika a la CIDH?

Esta tarde, la gobernadora electa Martha Erika Alonso informó que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares ante lo que, acusa, es una intromisión de los demás poderes al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para presionar en cuanto al recurso de invalidez de la elección en Puebla.

 

Pero, ¿de qué se trata este recurso?

 

De acuerdo con la Comisión Interamericana, la medida cautelar funciona como un instrumento de protección y prevención ante algún daño grave e irreparable para personas que están en riesgo inminente.

 

“En los últimos 35 años, las medida cautelares han sido invocadas para proteger a miles de personas o grupos de personas que se encuentran en riesgo, en razón de su trabajo o afiliación. Entre estos grupos se encuentran, entre otros, defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas, grupos vulnerables, tales como mujeres, niños, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, desplazados, comunidades LGBTI y personas privadas de la libertad”, reza el estatuto de la CIDH.

 

Estas medidas cautelares deben quedar registradas ante la Comisión para que tome cuenta el asunto e intervenga en caso de ser necesario.

 

Incluso, la figura jurídica se emite generalmente en automático cuando se detecta que hay un riesgo real o situaciones que vulneran de manera grave los derechos humanos, como pediría la gobernadora electa y el equipo legal del PAN.

 

En el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se establece en su artículo 25 que la Corte interviene solicitando a un Estado (a un gobierno) que adopte medidas cautelares en situaciones de gravedad o urgencia que presenten un riesgo o daño irreparable a personas o al objeto.

 

Para que se emita, la CIDH considerará la gravedad de la situación y el impacto que debe tener, la urgencia de la situación y el posible daño irreparable que significa la afectación.

 

Además, la Comisión tendrá en cuenta si el riesgo ya fue avisado ante las autoridades pertinentes o, bien, por qué no se ha dado aviso y los motivos que generaría.

 

Si bien la Comisión está enfocada en temas de lesa humanidad y propósitos de protección de personas, los derechos políticos, considerados de segundo orden y tercero, son parte de la lista de derechos a proteger y que estarían de la mano de la petición para ampararse ante el posible fallo del TEPJF.

 

“Para reforzar nuestra defensa, vamos a elevar el tema internacionalmente: acudiremos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que a través de una medida cautelar se garantice el debido proceso legal, el acceso efectivo a la justicia y la independencia de los tribunales para la resolución del caso con estricto apego a la observancia de los Derechos Humanos, principios democráticos y sin la presencia de agentes externos”, declaró la gobernadora electa en rueda de medios este martes.

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