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Plan de rescate de presos políticos tocará casos de Puebla

Esta semana fue anunciado el nuevo plan del Gobierno de México: revisar todas las carpetas de investigación contra presuntos perseguidos y presos políticos que habrían sido apresados por combatir los llamados “proyectos de muerte” o por protesta social.

 

En ese caso, también entrarían a revisión los casos de Puebla, ya que algunos de estos 368 que se someterán a revisión son de la Sierra Norte del estado, donde ha habido protestas sociales ante casos de fracking o desarrollos en zonas naturales.

 

De acuerdo con el Comité Para la Libertad de los Presos Políticos y Contra la Represión Social, no hay en este momento ninguna persona tras las rejas por crímenes políticos; sin embargo, durante los últimos años hubieron cuando menos 51 casos de personas que tuvieron un proceso abierto por causas ajenas a delitos instalados en el código penal.

 

Según la revisión del caso, durante las gestiones estatales entre 2011 y 2018, se dieron cuando menos 51 casos; únicamente cuatro durante el tiempo de Antonio Gali Fayad y todos ellos ya absueltos.

 

De los 47 restantes entre 2011 y 2017, 28 casos ya fueron desechados, pero los 19 restantes están abiertos y los enfrentan en libertad.

 

De acuerdo con la revisión del Comité, en la última década han ocurrido cuando menos 125 aprehensiones que obedecen a represión social y a un modo de terminar con los reclamos contra megaobras.

 

En ese sentido, destacan los 19 casos en Fracisco Z. Mena por ciudadanos que se lanzaron contra Pemex por incumplimiento de obras, en una zona donde extraen petróleo crudo.

 

También reportan cuando menos 14 casos en la Sierra Norte, todos ellos de la organización “Defensa del Territorio de los Pueblos”, por oponerse a empresas privadas y públicas con proyectos hidroeléctricos.

 

Fue el pasado martes cuando la secretaria de Gobernación federal, Olga Sánchez Cordero, anunció que la administración de Andrés Manuel López Obrador va por la revisión de 368 expedientes abiertos contra presuntos presos políticos, plan del cual ya se logró la liberación de 16 personas.

 

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