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Congreso avala procedimiento administrativo contra JJ por anomalías de 33 millones

El Congreso local aprobó con 26 votos a favor el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en contra de José Juan Espinosa Torres por -irregularidades que suman más de 33 millones de pesos mientras fue alcalde de San Pedro Cholula.

 

Únicamente con los votos en contra de los seis diputados armentistas y las abstenciones de otros cuatro legisladores, el poder legislativo dio luz verde a este procedimiento debido a que el petista arrastra faltas de 33 millones 60,099 pesos en su cuenta pública entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2015 cuando despachaba como alcalde del municipio cholulteca.

 

Y es que al haberse excusado el propio Espinosa Torres de discutir el punto, fueron los diputados armentistas los que salieron en defensa del diputado del PT al acusar que se trataba  de una persecución y un procedimiento de “garrote político” para quitarlo del camino.

 

Tras una discusión que duró más de 90 minutos, la mayoría de los diputados de Morena, junto con otros del PT, PES, PRI, PAN, Nueva Alianza, PRD, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, apoyaron el dictamen para que la Auditoría Superior del Estado (ASE) comience con las gestiones necesarias ante la aprobación del IPADR.

 

En rueda de prensa posterior a la aprobación, José Juan Espinosa se excusó con que se trataba de un ataque en su contra por deslindarse de Morena y por tener una marcada división con Fernando Manzanilla Prieto, secretario General de Gobierno estatal.

 

A finales de la Legislatura anterior, José Juan Espinosa se salvó de último minuto de este procedimiento al haber sido desechado el punto por los anteriores diputados justo en la última sesión ordinaria del último año de ejercicio.

 

A la par de este procedimiento, integrantes de la Comisión Inspectora procedieron a pedir la remoción de José Juan Espinosa Torres como presidente de la misma al caer en un posible conflicto de intereses y por malos manejos como reserva de información.

 

Dicho procedimiento deberá ser avalado por la Junta de Gobierno y Coordinación Política y aprobado por la mayoría simple del pleno del Congreso.

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