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México rechaza Ley Helms Burton porque afectaría a empresas locales

El Gobierno de México rechaza la entrada en vigor del Título III de la Ley Helms-Burton contra Cuba porque afectaría a empresas extranjeras, incluidas las locales, dijo este miércoles la cancillería.

 

"El Gobierno de México reitera su rechazo a la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton y refrenda su compromiso de proteger jurídicamente a las empresas mexicanas que pudieran verse afectadas", luego que entró en vigor el pasado 2 de mayo, por decisión del Gobierno de EEUU, dijo en un comunicado la oficina del canciller Marcelo Ebrard.

 

Ese título de la ley, que se mantuvo en suspenso por más de 23 años, permite a ciudadanos de EEUU entablar acciones legales en tribunales estadounidenses por la explotación comercial de los bienes que les fueron confiscados por el Gobierno cubano a partir del 1 de enero de 1959.

 

Al igual que otros países, dice el posicionamiento, México "analiza las instancias legales correspondientes para interponer las acciones por las violaciones al derecho internacional que la Ley Helms-Burton representa, así como para proteger los intereses mexicanos en el exterior".

 

La Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, comúnmente conocida como Ley Helms-Burton, contempla distintas acciones para fortalecer el bloqueo económico, comercial y financiero que el Gobierno de EEUU ha mantenido sobre Cuba.

 

"Lo anterior significa que cualquier persona, de cualquier nacionalidad, que realice actividades comerciales o financieras en Cuba en torno a una propiedad confiscada a un ciudadano estadounidense corre el riesgo de ser demandado ante tribunales norteamericanos", reseña el texto diplomático.

 

Para contrarrestar los efectos extraterritoriales de la Ley Helms-Burton, México puso en vigor desde octubre de 1996 la Ley que Protege el Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.

 

Esa herramienta legal que esgrime el Gobierno mexicano estipula, entre otros asuntos, la facultad de la secretarías de Relaciones Exteriores y de Economía "de brindar asesoría a las personas afectadas".

 

Asimismo, establece la obligación de los tribunales mexicanos de "denegar el reconocimiento y ejecución de sentencias o requerimientos judiciales o laudos arbitrales emitidos con base en la Ley Helms-Burton".

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