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Ya se cumplió un mes del ultimátum de 60 días que lanzó Claudia Rivera, alcaldesa de Puebla, a su gabinete para que trabajaran acorde a las exigencias de la ciudad o bien, al término del plazo estarían desempleados.
Si bien dijo que el aviso era para todos y no solo para unos cuantos funcionarios, aseguró que ella revisaría los resultados de cada uno de los titulares de las carteras en el Ayuntamiento de Puebla y quien tenga que irse, se separará del cargo.
A un mes de que se cumpla el plazo, de la lista negra de los despedidos hay varios que ya han allanado su camino para separarse de la capital poblana y regresar a otras actividades, o bien, ejercer en otra administración.
Uno de los más criticados es el titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Israel Román Romano, quien es considerado el artífice de los conflictos en la ciudad como el bacheo, el mal estado de las avenidas, la falta de poda y la falta de alumbrado público, al ser él parte de los que tomaron la decisión de hacer a un lado a la francesa Citelum para este servicio.
Román Romano, cercano a la familia de Claudia Rivera, es uno de los señalados por la falta de trabajo, además de ser el responsable de que el avance general de obra pública no rebase el 50 por ciento en nueve meses de administración.
Quien está también en la cuerda floja es el titular de Gobernación, René Sánchez Galindo, quien a pesar de ser también cercano a la presidenta, ha mostrado incapacidad en el tema de los ambulantes y demás conflictos políticos en la capital.
Y es que el abogado y activista no ha sido capaz de controlar el comercio informal y además ha sido superado por agrupaciones como Antorcha Campesina, 28 de Octubre e incluso por los payasitos del centro histórico.
Alejandra Rubio Acle en la Secretaría de Movilidad está en la mira debido a varios tropiezos desde que llegó al cargo en octubre de 2015.
Además de ser acusada por la familia de Emanuel Vara, exdirector de Movilidad que murió arrollado mientras viajaba en su bicicleta en la 11 Norte, ha tenido severos conflictos para echar a andar estrategias efectivas en la capital.
Aunado a que no ha podido hacer entrar en cintura a CycloShare y, en sus narices, entraron empresas sin permisos como Mot Mot y MOVO, la secretaria no tenía conocimiento de la norma técnica en materia de movilidad que rompía la pinta de cruceros con colores del arcoíris en apoyo a la comunidad LGBTTTIQA.
Quien está más en la mira, es Lilia Martínez y Torres, gerente del centro histórico, cuyo trabajo es desconocido gracias a que no ha hecho gestión alguna para inmuebles dañados, no ha estado en las intervenciones de las avenidas patrimonio de la humanidad y ha permitido el desarrollo de construcciones que van contra la protección de la UNESCO.
Y peor aún, nunca supo de la malla ciclónica que se colocó en Los Sapos y que dañó adoquines del Siglo XIX.
Lo mismo que Gonzalo Castillo Pérez, síndico que no ha logrado revisar a fondo las concesiones del Ayuntamiento y ha generado que caigan demandas sobre el gobierno de la ciudad como el caso de las pintas de arcoíris, la demanda por daño moral de Citelum y otros asuntos jurídicos.
Será hasta la segunda semana de agosto cuando Claudia Rivera revele quiénes son los funcionarios que no cumplieron con los estándares y deban separarse de su cargo. Todo esto, 10 meses después de iniciada la administración y con casi un año de desperdicio en programas y actividades.
De los cambios dependerá si aún se logra salvar algo de la gestión de Claudia Rivera o termina por ser una ciudad entregada a sus rivales políticos en 2021.
