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La detención e inmediata liberación de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, ha generado un sinfín de críticas contra el Gobierno Federal; sin embargo, esta no es la primera vez que un narcotraficante es "perdonado" por las autoridades para "evitar" daños colaterales.
Era el año 1993 y el cártel principal de droga en México era liderado en Tijuana por los Hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix, quienes en ese entonces eran señalados como culpables del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.
Corría el 13 de diciembre del referido año y los Arellano Félix llegaban a la Ciudad de México para dialogar con el nuncio apostólico Girolamo Prigione, a fin de aclarar la muerte del cardenal, pues ellos no habían tenido nada que ver en este asesinato.
La intención era pedir la intervención del nuncio apostólico con el presidente y las autoridades de seguridad, a fin de que se aclarara el tema de la muerte del cardenal, algo de lo que tuvo conocimiento el procurador de Justicia, Jorge Carpizo.
Aunque se sabía el lugar y hora del encuentro de los narcotraficantes con el nuncio apostólico, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari prefirió no hacer algún operativo para atrapar a los Arellano Félix, pese a que los tenía a su merced.
El argumento fue el mismo que usó el presidente López Obrador en la liberación de Ovidio Guzmán, pues se buscó que no se dieran más enfrentamientos que terminaran dañando a personas inocentes.
En ese entonces, el crimen organizado estaba creciendo en México y fueron surgiendo los grandes cárteles de la droga, donde comenzó a destacar Joaquín Guzmán Loera.
