La renovación de las concesiones de los verificentros que será implementada por la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT) romperá la cadena de corrupción que permitió enriquecer a familiares del compadre del exgobernador Mario Marín, Valentín Meneses Rojas, y al excontralor Víctor Manuel Sánchez Ruiz.
En el sexenio de Mario Marín Torres, José Abelardo Gil Luna, director de la Unidad de Inspección y Vigilancia Ambiental de la dependencia, fue señalado como el principal beneficiario por las concesiones de verificentros, según consta en los cuestionamientos de las comparecencias del exsecretario de Medio Ambiente, Francisco Castillo Montemayor, ante la anterior legislatura.
El personaje mantenía relaciones con Valentín Meneses Rojas, pues la esposa del exlíder priista es su hermana, María Eva. Además, también mantenía una estrecha relación con el contralor a través de su hermano Vicente, quien laboró en la contraloría estatal el sexenio pasado bajo órdenes de Sánchez Ruiz.
La familia política de Meneses Rojas hizo negocio con estos centros, adquiriendo concesiones y comercializando la aprobación de verificaciones. Desde la Contraloría, Vicente protegía los intereses de José Abelardo apadrinados, ambos, por su cuñado Meneses Rojas.
Este lunes, Juan Carlos Morales Páez, encargado de despacho de la SSAOT informó que la dependencia ya estudia los requisitos de la licitación para renovar las concesiones entregadas a los Centros de Verificación estatales.
De los 85 establecimientos de este tipo, a 83 se les vence el periodo de concesión, explicó Morales Páez, y advirtió que algunos centros de este tipo desaparecerán con el fin de abrir hacia el interior del estado la oferta de Centros de Verificación.
Explicó que hay algunos puntos del estado donde no hay atención de parte de estos centros que regulan la emisión de gases contaminantes en los vehículos.
Por ejemplo, en la Mixteca poblana apenas hay un solo centro verificador para toda la región. “Hay zonas no cubiertas y zonas no atendidas en lo absoluto”, dijo Morales Páez.
Hasta el momento, la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Desarrollo Territorial ha dado de baja a 10 centros de verificación por corrupción o extorsión y ha multado a 37,000 conductores por falta de verificación.
A finales de la administración marinista, las quejas ciudadanas por la corrupción, extorsión e incremento de los Centros Verificadores causó que el entonces regidor del PAN en el ayuntamiento poblano, Pablo Montiel Solana –hoy secretario de Gobernación Municipal- acusara al también entonces responsable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMRN), Francisco Castillo Montemayor, de hacer del programa de verificación y control vehicular un negocio de particulares.
Entonces, Castillo Montemayor calificó como ignorante a Montiel Solana por desconocer las estrategias de reducción de contaminantes. “Que se ponga a estudiar”, dijo hace dos años el exfuncionario. También criticó a los diputados por no aprobar su propuesta ambiental de incrementar los centros de verificación vehicular.
De acuerdo a información de la SSAOT, en 2012 un 50 % de los propietarios de vehículos en Puebla no ha cumplido con su verificación, es decir, poco más de 205,000 vehículos de los 400,000 que hay en la entidad.
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