Foto: Xinhua
La aparición de algunos diputados federales del PAN en un video con teiboleras en Puerto Vallarta, dado a conocer por Reporte Índigo, no solo abrió el debate sobre el financiamiento con recursos públicos de este tipo de entretenimientos, sino la doble moral que impide la legislación del trabajo sexual, uno de los temas que la izquierda en México más ha impulsado.
En las redes sociales, particularmente en Twitter, las críticas a Luis Alberto Villarreal, aún coordinador de los diputados federales del PAN, llovieron en distintos sentidos. En principio, señalaron la doble moral de sus actos debido al conservador partido que representa, también le señalaron el uso de recursos públicos para este entretenimiento ejecutado fuera del horario laboral e incluso fue señalado con sorna por la contratación de estas bailarinas con las que los asistentes bromeaban de condones y viagra.
El pasado 24 de julio ocurrió el XVII Encuentro Nacional de Trabajadoras/es Sexuales, organizado por la Red Mexicana de Trabajo Sexual. Una de sus prioridades ha sido obtener condiciones laborales dignas y seguras. En ese sentido, como bien lo expresaron las propias trabajadoras, la obtención de sus licencias de trabajadoras no asalariadas no fue una concesión del Gobierno del Distrito Federal (GDF), sino un triunfo resultado de su organización y combatividad.
Las trabajadoras sexuales hablaban del suceso del 11 de julio pasado, cuando el GDF entregó cincuenta credenciales de trabajadores no asalariados a comerciantes de sexo; con ello se les reconoció sus derechos sociales y laborales. No obstante, este es apenas el inicio de lo que podría ser una legislación federal de avanzada.
En el caso de los diputados panistas de marras, la crítica central está en el uso de recursos públicos para el financiamiento del entretenimiento en el que participaron en febrero pasado, según distintos intelectuales y periodistas que se han expresado en medios de comunicación y en las referidas redes sociales.
Sin criminalizar el trabajo sexual, el verdadero señalamiento apunta a un hecho siempre criticable: el uso de los recursos públicos para motivos personales, ya sea el entretenimiento propio, de la familia o los amigos.
En abril, la senadora Mónica Arriola propuso regular el trabajo sexual a nivel nacional a través del establecimiento de un marco jurídico que regule el desempeño de las trabajadoras sexuales. El documento que presentó en la Cámara Alta indica que en la Ley Federal del Trabajo se incluya el capítulo Servicio de Relaciones Sexuales, en el que se fijen reglas tanto de edad y que no estén sometidas a ningún patrón, así como el tiempo y los lugares.
Para la legalización de la prostitución, la senadora Arriola propone que la definición del servicio de relaciones sexuales sea “el intercambio libre y consentido, entre personas mayores de edad, de relaciones sexuales mediante una remuneración cierta y en dinero (…) Si el intercambio carece de la voluntad y libre consentimiento de la persona que presta el servicio, o se compromete está empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad, de necesidad o vulnerabilidad del sexo servidor, se aplicarán las disposiciones penales correspondientes”.
Sobre el tema, solo un panista se expresó a favor en todo el país, el presidente de la Comisión de Acceso a la Información en Querétaro, Alejandro Cano Alcalá:
“Creo que es un tema que tenemos que analizar muy bien, porque ya discutíamos que si piden derechos laborales o prestaciones laborales para las sexoservidoras y tendríamos que ver quién tendría que otorgar esos derechos, porque a final de cuentas en todos los trabajos el patrón es el que otorga estos derechos; habría que evaluarlo, no conozco esta iniciativa; sin embargo, creo que es positivo que se empiece a vislumbrar por dónde podemos atender esta necesidad que tienen las trabajadoras sexuales”, expresó sobre la propuesta según El Universal.
En el debate, sin embargo, no han participado los panistas. La participación de su coordinador en una fiesta con teiboleras tal vez reabra el debate a favor de una legislación que no solo no criminalice el trabajo sexual, sino que dote de derechos a muchas mujeres que incluso son sostén de su hogar.
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