Ataques, censura e intimidación, la nueva realidad para la prensa

Ataques, censura e intimidación, la nueva realidad para la prensa

Foto: Enfoque

 

La llegada de Donald Trump al gobierno de Estados Unidos no ha hecho sino simbolizar la embestida que los gobiernos de diferentes coordenadas, así como otros poderes fácticos, han emprendido en los últimos tiempos contra los trabajadores de los medios de comunicación.

 

Periódicos como el New York Times, otrora considerado un faro de la libertad de prensa y calidad informativa, aparece hoy vapuleado por el presidente del país más poderoso de la Tierra. Y cadenas como CNN, también con amplia credibilidad, han sido vetadas de la Casa Blanca, reduciéndolas a una especie de “apestados de la información”. 

 

En la era de las “fake news” –las “noticias falsas” como ha catalogado Donald Trump a toda la información que no es agradable para él– cualquier cosa se puede esperar. Lo mismo que los reporteros sean corridos de una rueda de prensa o bien trabajadores de los medios de comunicación que son intimidados, agredidos, vapuleados o amenazados. 

 

También asesinados, como ocurre consuetudinariamente a lo largo de nuestro país, donde tan solo en el mes de marzo se registraron tres homicidios de periodistas y otro puñado de ataques que bien pudieron convertir la cifra de tres en media docena. O como ha ocurrido a lo largo de los últimos tres sexenios, en los que la cifra de reporteros acaecidos bajo las balas del narco o de la narcopolítica supera ya la centena. 

 

Pero el homicidio periodístico no necesariamente se vale del asesinato físico para acabar con la libertad de prensa. Los efectos que provoca la intimidación y la muerte de una reportera pueden repercutir seriamente en el desarrollo y la labor de cualquier medio de comunicación. Es el caso del periódico “El Norte” de Ciudad Juárez, para el que colaboraba Miroslava Breach, la periodista asesinada en Chihuahua el 23 de marzo pasado. 

 

Como es sabido, El Norte tuvo que cerrar debido al clima de intimidación y violencia que pervive en aquella ciudad del país, lo que calificó como “la falta de condiciones” para que un medio de comunicación ejerza el periodismo crítico. Esta no es la primera empresa mediática que se ve forzada a cerrar sus puertas por acciones directamente vinculadas con la violencia o la inseguridad, amén de otras que también dicen adiós por culpa del estrangulamiento económico. 

 

La falta de libertad de prensa afecta prácticamente a todos los países del mundo y no importa en qué cuadrante de la ideología política esté situado un gobierno. Lo mismo puede tratarse de una administración de extrema derecha, como es la de Donald Trump, que un presidente emanado de la izquierda radical, como es el caso de Nicolás Maduro en Venezuela. En este último país, la prensa está controlada y aquellos que no “se cuadran” simplemente son expulsados. 

 

México es, de acuerdo con organizaciones sociales, uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, únicamente superado por naciones que están en guerra como Siria. No hay mucha diferencia entre cubrir un conflicto civil similar al que en estos momentos se desarrolla en Damasco y la cobertura periodística de otra campaña militar –también en parte civil– como la que tiene desangrado desde hace diez años al país. 

 

Y en medio de este panorama, todavía se suma la intimidación que hacen muchos gobiernos y gobernantes contra los reporteros críticos que hacen su trabajo. Ya sea a través del miedo o de la censura, los representantes de los medios de comunicación se enfrentan a situaciones cada vez más aterradoras que incluyen desde golpizas hasta correos electrónicos intimidatorios que sencillamente provocan en el comunicador el deseo de mejor retirarse de la contienda. 

 

El propio gobernador poblano, Antonio Gali, reconoció este miércoles el deber que ostentan todos los gobiernos del mundo para proteger a sus ciudadanos y de entre ellos son los periodistas quienes mejor enarbolan esa bandera de la ciudadanía. Arropado por mujeres que en otros tiempos se desempeñaron como comunicadoras, Antonio Gali expresó un rotundo “Ya basta” para que los gobernantes, pero también los empresarios –cualquier entidad o ente que intente inhibir la labor periodística– deje de “callar bocas”. 

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