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El camino para quitar a Agua de Puebla para Todos del suministro y servicio de agua potable está lejos de su desenlace, pues deberá ser el Congreso y el Poder Ejecutivo quienes tomen la última decisión, no sin antes superar los evidentes juicios por parte de la empresa.
Y es que la resolución del Cabildo este martes para proponer una auditoría a la empresa Agua de Puebla ante el mal servicio que han ofrecido durante años en la capital es solo el primer paso, pues antes de ver un desenlace, el proceso se turnará al Congreso para su estudio y resolución, toda vez que fue el Poder Legislativo quien autorizó que la también llamada Concesiones Integrales S.A. de C.V., se hiciera cargo del agua en la capital poblana.
¿Qué sigue en el camino para quitar a Agua de Puebla?
Una vez que esté listo el dictamen en el Ayuntamiento desde la Comisión Transitoria, que hará la revisión de lo hecho por la empresa durante estos cinco años y medio que ha operado, el documento se enviará al Congreso para su estudio con la petición para que sea retirada la concesión por posible incumplimiento.
Una vez recibido, deberá ser estudiado en comisiones del Legislativo: Medio Ambiente y Recursos Naturales, Asuntos Municipales, Gobernación y en Asuntos Metropolitanos.
Ya en la cámara de diputados, el dictamen entrará a estudio y a su votación en el pleno y deberán ser cuando menos 27 votos los que vean con buenos ojos que la concesión sea retirada de Agua de Puebla para Todos.
Finalmente, el edicto tendrá que pasar al Poder Judicial para su estudio y potencial publicación.
Sin embargo, en el camino se deberán tomar en cuenta diversas consideraciones, pues el tema económico es preponderante para tomar la decisión.
¿Cuánto cuesta deshacerse de Agua de Puebla?
El costo de la multa o amortización para dar por terminada la concesión de Agua de Puebla solo lo saben a ciencia cierta un puñado de personas, entre ellas Héctor Durán Reyes, director de la empresa, Antonio Gali Fayad, quien estaba a semanas de tomar el cargo como alcalde de Puebla cuando se firmó la concesión a 30 años y Mario Riestra Piña, que ocupaba el cargo de presidente del Congreso en la LVIII Legislatura.
Los demás eran Rafael Moreno Valle y posiblemente Martha Erika Alonso. El exgobernador por temas obvios; sin embargo, la exgobernadora fue la única que reveló la cifra cuando, en campaña, aseguró que dar por terminado el contrato costaba 3,000 millones de pesos.
Esa es la única cifra que se sabe, pues el documento de concesión fue reservado por 30 años y tuvo que ser una sentencia judicial la que quitara el candado para que se abriera la información.
Sin embargo, la actual legislatura desconoce el documento ya que no fue entregado en el proceso de entrega-recepción y está perdido, de acuerdo con actuales diputados, pues nadie sabe de su paradero en el recinto legislativo.
La otra copia de la concesión la tiene la empresa Agua de Puebla, quien se ha negado a dar a conocer los detalles.
Solo aquella cifra que señaló la extinta exgobernadora es la que se conoce sobre el potencial costo por quitar del camino a Concesiones Integrales. Ello más lo que cueste la operación del servicio de agua potable en la ciudad toda vez que se tenga el insumo y capital humano suficiente para operar.
