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El Ministerio Público Federal (fiscalía) del estado brasileño de Pará (norte) informó que investiga la disminución de inspecciones ambientales y un presunto llamado a una jornada de quema de campos en ese distrito amazónico, en el marco de una ola de incendios masivos en la selva que llevan más de 17 días.
"La Oficina del Fiscal Federal en Pará (norte) lleva a cabo investigaciones en tres municipios y la capital de Pará (Belém), para determinar la disminución en el número de inspecciones ambientales, la ausencia de la policía militar (...) y el anuncio, publicado en un periódico, llamando a los hacendados a promover un 'Día del Fuego' la semana pasada", dice el comunicado de la fiscalía.
El combate a la deforestación ilegal es una política estatal que no debería depender de un Gobierno específico, ya que el ambiente es un "patrimonio público", indicó la fiscalía.
“Los fiscales en Santarém, Itaituba, Altamira y Belém investigan la relación entre la caída de las fiscalizaciones ambientales y el crecimiento, registrado en datos oficiales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), de 50% en la deforestación y de 70% en los incendios”, dice el comunicado.
El fiscal de Santarém, Camões Boaventura, sostuvo en el documento que dio inicio al procedimiento que s"i bien los datos oficiales muestran el aumento de la deforestación y los testimonios de los pueblos de la selva confirman la emergencia de crímenes ambientales, el Ministerio Público “recibe cada vez menos denuncias de infracciones –que son resultado de la fiscalización ambiental- firmados por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y por el Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad”.
A pesar de los recortes impuestos al presupuesto federal, “en las instancias judiciales nacionales está consolidado el entendimiento de que las restricciones de origen presupuestario no pueden imponerse de forma indiscriminada al punto de impedir que se concreten las órdenes constitucionales relativas a derechos fundamentales de la sociedad, como el derecho a un ambiente ecológicamente equilibrado, el derecho a la salud y el derecho a la vida”, dice el auto fiscal.
El jueves el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a acusar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) por los incendios generalizaos en el norte y oeste del país.
En respuesta, 118 organizaciones no gubernamentales escribieron una carta repudiando las acusaciones de Bolsonaro y argumentando que el aumento de los incendios responde a acciones del propio Gobierno.
El activista Danicley Aguiar de Greenpeace Brasil dijo que "el actual Gobierno ha desmantelado sistemáticamente la política ambiental de Brasil", añadió.
El país vive la peor oleada de incendios de los últimos cinco años, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, que registró más de 75.000 focos ígneos entre el 1 de enero y el miércoles, según datos del INPE.
La misma fuente, que actualiza los datos satelitales de forma automática indica que en los cinco días transcurridos entre el 17 y el 21 de agosto, Brasil acumuló 1.181 focos de fuego.
