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La Cámara de Diputados aprobó el jueves, por abrumadora mayoría, reformas a dos artículos de la Constitución mexicana sobre remuneración de servidores públicos, para que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República, que actualmente percibe unos 5.550 dólares.
"Con 322 votos a favor, 21 en contra y 81 abstenciones se aprueban los artículos 116 y 127 de la Constitución en los términos del dictamen en materia de remuneración de servidores públicos, para que nadie gane más que el Presidente", informó la Cámara Baja en sus cuentas de redes sociales.
El dictamen votado por el pleno de los diputados "en lo general y en lo particular", por mayoría calificada de dos terceras partes de los 500 diputados, responde a un "esfuerzo de austeridad", de eliminación de fueros y privilegios.
El documento legislativo apunta la necesidad de equilibrar las remuneraciones de funcionarios del Estado, "en un contexto económico nacional donde prevalece la pobreza y la desigualdad".
Ese diseño constitucional, incentiva "controles sobre las percepciones de las y los servidores públicos".
El presidente Andrés Manuel López Obrador promovió esa reforma después de reducir su propio sueldo, al comenzar su sexenio en diciembre pasado, de los 270.000 pesos al mes que ganaba su antecesor, a 108.000 pesos mensuales, poco más de 5.550 dólares (al tipo de cambio de este jueves, de 19,45 pesos).
El dictamen puntualiza que "ningún funcionario público" en los tres niveles de la administración pública (federal, estatal o municipal), tendrá una remuneración mayor al primer mandatario, y que deberán ser disminuidas al año siguiente que entre en vigor la reforma.
Las reformas afectan a los tres poderes del Estado mexicano, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, además de "las personas de derecho público, órganos y organismos con autonomía reconocida en las constituciones y leyes locales".
La oposición intentó detener la reforma, sin éxito, argumentando que el Poder Ejecutivo estaba imponiendo el criterio presidencial, "atropellando" a los otros poderes y entidades autónomas del Estado.
