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Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que se trabaja de manera eficaz en la estrategia de seguridad en el país, tan solo en lo que va de 2019 han sido asesinados al menos 13 activistas y 38 funcionarios en México.
Organismos internacionales han señalado que México es uno de los países donde menos se respeta la vida de los activistas ambientales y de derechos humanos, lo que ha quedado de manifiesto con las preocupantes cifras que se han visto este 2019.
Chiapas, Veracruz, Morelos, Oaxaca y Puebla son los estados donde se han dado los homicidios de activistas, entidades donde en diversas de sus regiones hay conflictos por la defensa de la tierra y de pueblos originarios.
Llama especialmente la atención el caso de Samir Flores, quien levantó la voz contra la instalación de una termoeléctrica en Morelos y fue baleado al salir de su casa de Amilcingo, tres días después de que el presidente lanzara una consulta sobre esta central eléctrica.
En los límites de Tabasco y Chiapas fue asesinado José Luis Álvarez Flores, quien se manifestó contra la extracción ilegal de material del Río Usumacinta. El activista fue ejecutado a balazos.
Aún queda pendiente conocer el paradero de la activista oaxaqueña Irma Galindo, quien lleva desaparecida casi 2 semanas y se teme lo peor entre los pueblos por los que ha levantado la voz.
Respecto a funcionarios, destaca el caso de la alcaldesa de Juárez, Coahuila, la priista Olga Gabriela Kobel Lara, quien presuntamente fue ejecutada por un contratista con el que mantenía una relación laboral y personal.
Apenas el 29 de octubre fue ejecutado el alcalde de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, quien sufrió un atentado en su vehículo y perdió la vida en el Hospital de Especialidades de Ixtapaluca.
En Puebla fue asesinado esta semana el delegado de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Álvaro Morales Parraguirre, en el municipio de Tlachichuca, sin que hasta el momento se sepa la causa de su ejecución.
Aunque no se ha aclarado si fallecieron por un accidente o por atentado, en estos casos de funcionarios se puede incluir a la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y al senador Rafael Moreno Valle, siendo uno de los casos donde menos avances tienen las autoridades a casi un año del accidente que les arrebató la vida.
