El reciente proceso de consulta indígena sobre el proyecto de desarrollo del turístico "Tren Maya", en la península de Yucatán, no cumple con estándares internacionales, dijo este jueves la representación permanente en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
La consulta organizada por el Gobierno del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, "hasta el momento no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia", dijo en un comunicado la representación de Acnudh.
Los planes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador contemplan construir 1.400 kilómetros de vías férreas y estaciones para enlazar zonas arqueológicas mayas y destinos turísticos en las playas del Caribe mexicano en la península.
La representación del organismo, que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet, agradeció la invitación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, del Fondo Nacional del Fomento al Turismo y la cartera federal de Gobernación para participar en calidad de "observadora en este proceso", y asistió a cuatro de 15 asambleas regionales informativas.
Los estándares internacionales de derechos humanos establecen que la consulta y el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas debe ser "previo, libre, informado y culturalmente adecuado".
Acnudh reconoce la decisión del Gobierno de México de realizar esfuerzos para respetar, proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la consulta y el consentimiento para el proyecto mencionado.
Pero en cuanto al carácter informado, los observadores constataron que la convocatoria, el protocolo y la información "solo hacían referencia a los posibles beneficios del proyecto y no a los impactos negativos que pudiera ocasionar".
Durante las sesiones observadas por el organismo de la ONU, "en diversas ocasiones las personas participantes preguntaron sobre dichos impactos sin obtener una respuesta clara y completa".
Los delegados del Acnudh observaron que, como consecuencia de la forma en que se presentó el plan y se desarrollaron las sesiones, "las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta".
En cuanto a la adecuación cultural del proceso, "es motivo de preocupación que la metodología del mismo no haya sido construida y acordada con las comunidades involucradas".
Finalmente, señala que "preocupa de manera particular la baja participación y representación de las mujeres indígenas en el proceso" a pesar de los esfuerzos de inclusión.
El megaproyecto contempla una inversión de más de 6.000 millones de dólares a lo largo de cinco años, y es uno de los cuatro planes de la actual administración, junto con un tren interoceánico en el istmo de Tehuantepec, una refinería y un aeropuerto internacional en una base militar.