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Diversas organizaciones argentinas expresaron su rechazo por la liberación en España de uno de los represores más sanguinarios de la última dictadura que sufrió la nación sudamericana (1976-1983), Adolfo Scilingo, quien fuera condenado a 1.084 años de prisión en el país europeo por los denominados "vuelos de la muerte".
"¡Alertas en Madrid! El genocida Scilingo sale de la cárcel", alertó este viernes en las redes sociales la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S).
Tras 22 años, un mes y diez días de reclusión, el exteniente de fragata abandonó el pasado 18 noviembre el centro penitenciario de Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, reveló el diario español Vozpópuli.
La rama autónoma de la Central de Trabajadores de Argentina manifestó "su más enérgico repudio a la liberación del genocida Adolfo Scilingo, uno de los responsables de 'los vuelos de la muerte' según él mismo confesara al periodista (argentino) Horacio Verbitsky y ante el juez Baltasar Garzón".
Garzón fue quien ordenó su detención en España en 1997 cuando el represor estaba por conceder una entrevista, recordó la central obrera.
"Su testimonio además fue clave para revelar la complicidad eclesiástica, sirvió para aportar datos sobre el silencio de las fuerzas armadas en democracia y las maniobras de impunidad durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999)", apuntó la organización.
Scilingo, que en la actualidad tiene 73 años, fue condenado en 2007 por el Tribunal Supremo de España a 1084 años de cárcel por delitos de lesa humanidad tras considerarlo responsable del asesinato de 30 personas que fueron arrojadas desde aviones sobre el Río de la Plata, en operaciones que se conocen como "los vuelos de la muerte".
El represor también fue juzgado como cómplice de 255 detenciones ilegales en el centro clandestino de que funcionó en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada de Buenos Aires (ESMA), por el que se estima pasaron 5.000 personas sin que apenas quedaran sobrevivientes.
Con su sentencia, el máximo tribunal del país europeo agravó la condena de 640 años que le había dado la Audiencia Nacional el 19 de abril de 2005, en lo que fue el primer fallo de la justicia española contra un represor de otro país en base al principio de justicia universal.
