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Con el objetivo de “romper el pacto de silencio que ha perdurado mucho tiempo y esclarecer lo acontecido en septiembre (26 y 27) de 2014” con los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que en rigor son 42 los no localizados, el jefe del Ejecutivo federal envió cartas al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y Alejandro Gertz, titular de la Fiscalía General de la República, órgano autónomo del Estado mexicano, como lo acredita la práctica del procurador, aunque la oposición partidista lo estigmatizó como “carnal”, en ese juego maniqueo de la frase lapidaria y efectista.
López Obrador les planteó el jueves 6 a Saldívar Lelo de Larrea y Gertz Manero: “Estoy convencido de que si nos unimos, lograremos romper el pacto de silencio que ha perdurado por mucho tiempo y esclarecer lo acontecido; no prolongar la impunidad, hacer justicia, y demostrar que somos auténticos representantes de un Estado social y democrático de derecho” (La Jornada, 9-II-20).
Se trata de convocar a la SCJN y la FGR a reunirse con los padres de los jóvenes de la Normal Isidro Burgos cada mes para recibir el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y que fue una de las primeras acciones de Obrador.
El artículo primero establece: “La CoVAJ-Ayotzinapa es un mecanismo de coordinación política creado por Decreto del Presidente de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 04 de diciembre de 2018, con la finalidad de que ésta contribuya a materializar la instrucción dada a la Administración Pública Federal en el sentido de que todas las dependencias y entidades implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran, con el objeto de fortalecer el ejercicio del derecho que los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa tienen de conocer la verdad.” Y las cartas lo refrendan: “Conocer el paradero es un propósito superior del Estado mexicano.
Lo anterior deja claro que con la participación de la Suprema Corte y la Fiscalía en la Comisión para la Verdad empezará a cobrar realidad una suma de esfuerzos que no sólo es necesaria sino obligada para responder al anhelo de muchos para que la impunidad y el olvido no ahoguen el caso de los estudiantes normalistas rurales.
Seguramente no existe impedimento legal para que la convergencia de esfuerzos y fuerzas del Estado se produzca de manera pronta y eficaz, pues finalmente es aquél el responsable del crimen que se produjo hace seis años durante el gobierno de Enrique Peña Nieto quien abordó, junto con la dirigencia de su partido, el Revolucionario Institucional, con tal indolencia y cinismo que marcó el principio del fin de su mandato, sellado por la corrupción, la impunidad y el bajísimo respaldo ciudadano. El “¡Ya supérenlo!” pasó a la historia de la torpeza presidencial, coronada con “¡No hay chile que les embone!” Pero eso sí, bien arropado por el duopolio de la televisión y el oligopolio de la radio que lo encumbraron en Los Pinos con 3-4 millones de votos comprados y sin que el Instituto y el Tribunal electorales se enteraran.
Una suma de voluntades como la propuesta por el presidente Andrés Manuel, a reserva de los resultados que se obtengan, constituirá un precedente saludable en la batalla contra la aún agobiante impunidad y el crimen organizado y el de cuello blanco para lo que es imprescindible el concurso de la sociedad.
