Audiencia Nacional pone a Lozoya en prisión provisional incondicional

Audiencia Nacional pone a Lozoya en prisión provisional incondicional

Foto: Xinhua

La Audiencia Nacional de España acordó este jueves el ingreso en prisión de Emilio Lozoya, exdirector de la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), detenido el miércoles en la ciudad española de Málaga en virtud de una orden de búsqueda internacional cursada por México.

 

En un auto emitido este jueves, la Audiencia Nacional acordó para Lozoya una situación de "prisión provisional incondicional y comunicada" a la espera de que se resuelva su proceso de extradición.

 

El que fuera director de Pemex entre 2012 y 2016 es reclamado por las autoridades judiciales mexicanas por un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que tiene una pena máxima de prisión de 15 años y que en España se corresponde con el delito blanqueo de capitales.

 

Según la reclamación mexicana, Loyola participó en un entramado que operó de forma opaca al fisco con "recursos de procedencia ilícita" provenientes del "ofrecimiento de contratos ilícitos" por parte de Pemex.

 

De acuerdo con la información ofrecida por la Policía Nacional de España tras su detención, la Fiscalía Mexicana estima que el entramado de Loyola defraudó un total de 280 millones de dólares.

 

El juez encargado de gestionar las diligencias tras su detención decidió el envío a prisión incondicional de Lozoya al entender que existe un "riesgo fundado de fuga" porque el detenido mostró una clara intención de "sustraerse de la acción de la justicia".

 

El magistrado llegó a esa conclusión tras comprobar que Lozoya no tiene ningún tipo de arraigo en España y, sobre todo, tras conocer que en el momento de su detención llevaba como medio de identificación una licencia de conducción con su fotografía pero a nombre de otra persona.

 

Tras su ingreso en prisión, las autoridades mexicanas disponen de un plazo de 45 días naturales para presentar la solicitud de extradición por vía diplomática ante el Gobierno de España, lo que pondrá en marcha los trámites para que la Audiencia Nacional decida sobre su envío a México.

Notas Relacionadas