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El Gobierno de España comenzó este martes la tramitación de una de sus medidas estrella en materia fiscal, la llamada "tasa Google", con la que se pretenden recaudar unos 1.000 millones de euros anuales procedentes de las grandes multinacionales tecnológicas que actualmente esquivan al fisco.
"El objetivo es gravar operaciones propias de la economía digital que actualmente están fuera del sistema tributario y por tanto suponen un agravio para el resto de sectores", explicó en rueda de prensa la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero.
Madrid seguirá el ejemplo de Francia y no empezará a cobrar estos impuestos hasta el mes de diciembre para intentar no soliviantar a EEUU.
Además de la "tasa Google", el Gobierno de España también aprobó este martes la llamada "tasa Tobin" que gravará con un 0,2 por ciento la compra de acciones de grandes empresas (aquellas con una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de euros) para recabar otros 850 millones anuales.
"Con estos dos impuestos el sistema tributario se moderniza", señaló la Montero antes de subrayar que "no se puede tener un modelo de bienestar moderno con un modelo tributario caduco", por lo que se hace necesario "avanzar hacia una fiscalidad propia del siglo XXI que recoja nuevas áreas de actividad y se adapte a la globalización en un mundo cada vez más digitalizado".
Con la aprobación de la "tasa Google" el Gobierno de Pedro Sánchez se adelanta a organismos como la OCDE o la propia Unión Europea, que actualmente están inmersos en procesos de deliberación para buscar fórmulas con las que gravar a los gigantes tecnológicos.
