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El balance oficial de homicidios dolosos registrados en 2019 en México representa "el año más violento de su historia moderna", con 35.558 asesinatos, indica un informe anual de Amnistía Internacional.
El documento retoma cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y señala además que este país es "el más mortífero de la región para los periodistas", con al menos 10 homicidios el año pasado.
A pesar de la cifra récord de casi 100 homicidios dolosos que se registran diariamente en todo el país, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre de 2018, "continuó con las fallidas estrategias de seguridad que había utilizado en el pasado".
El documento critica la creación de la Guardia Nacional mediante una reforma constitucional, que entró en vigor en mayo del año pasado, para permitir a las fuerzas armadas participar en operaciones de seguridad pública hasta 2024, último año del sexenio de López Obrador.
La nueva corporación "es de carácter militar y se aprobó una alarmante ley sobre el uso de la fuerza", señala AI.
Las leyes de la nueva corporación le otorgan "amplios poderes en relación a la aplicación de la ley, el uso de la fuerza, investigación de delitos, incluida la intercepción de comunicaciones privadas y el control de los flujos migratorios", dice el texto.
El organismo con sede en Londres cuestiona que los crecientes flujos de migrantes son abordados con "enfoque basado en la seguridad, en el que se utilizó a la Guardia Nacional para capturar a personas migrantes".
Así, las autoridades de migración mexicanas detuvieron a 186.750 migrantes en situación irregular y deportaron a 123.239 personas indocumentadas el año pasado.
De los deportados, el 98% procedía de Centroamérica, y casi la mitad de Honduras, según datos oficiales citados.
Las autoridades mexicanas mantuvieron recluidos a más de 51.999 menores en centros para inmigrantes, lo cual es contrario a la legislación de México, según estadísticas de la secretaría de Gobernación, encargada de la política interior.
Manifestante durante las actividades de la semana Internacional del Detenido Desaparecido, con la exigencia de justicia tras 12 años de la desaparición forzada de Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya
Mientras tanto, el año pasado las autoridades estadounidenses obligaron a más de 59.000 solicitantes de asilo a regresar a la zona de la frontera norte de México.
El Gobierno aceptó que esas personas deban "permanecer allí mientras se examinaban sus solicitudes, un proceso que puede durar meses o años", reseña AI.
Otro de los problemas más importantes señalados sigue siendo las decenas de miles de personas denunciadas como desaparecidas.
El año pasado, la cifra de desaparecidos aumentó a más de 61.637, mientras persiste la violencia contra las mujeres, con 1.006 investigaciones abiertas sobre feminicidios, puntualiza Amnistía.
