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La puerta giratoria y la guerra que sostienen grupos criminales por la plaza de Puebla son los principales elementos que han aumentado tanto la percepción en seguridad como la incidencia de delitos de alto impacto. Ayer, la secretaria de Seguridad Pública Municipal, Lourdes Rosales Martínez, presentó los resultados de la estrategia de seguridad pública y defendió la reducción de un 34.2 % en las cifras delictivas, además de la detención de 400 delincuentes.
El Gobierno del Estado criticó este martes que los detenidos no cometen crímenes graves; sin embargo, justo el modelo de la Seguridad Municipal corresponde al combate a los delitos del fuero común, que de acuerdo con los perfiles criminales corresponden a pandilleros, asaltantes a mano armada y ladrones de autopartes.
Desde agosto del año pasado, Lourdes Rosales ha señalado -con cifras de por medio- que hay un decrecimiento en el índice delictivo que no corresponde con la percepción de inseguridad. Este señalamiento de la secretaria también coincide con la incidencia de delitos del orden federal. En Puebla, grupos vinculados con el narcomenudeo, narcotráfico y el huachicol tuvieron un sostenido crecimiento en su actividad desde el sexenio pasado y se concentraron en las zonas norte y sur de la ciudad.
No obstante, el Gobierno Municipal cuenta con pocos elementos para detener una incidencia debido a sus facultades: no son policía investigadora y no es de su competencia la persecución de delitos mayores. Más aún, esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto para ampliar las facultades de los militares y ejecutar acciones de policía preventiva en apoyo a la Guardia Nacional.
Diversos analistas plantearon en las últimas 48 horas que la decisión del presidente obedece al recrudecimiento de la guerra entre narcotraficantes. Dado que las medidas del Gobierno Federal para enfrentar al crimen organizado no han funcionado, ha elevado a los militares al patrullaje en las calles. “Ningún presidente, en tiempos de paz, se había atrevido a ello”, escribió hoy el periodista Raymundo Riva Palacio.
Si el combate al crimen organizado ha sumado, por parte del Gobierno Federal, a militares y agentes de la Guardia Nacional, se antoja poco probable que las policías municipales tengan la fuerza de poder para atacar a criminales del narcotráfico, además de que no forman parte de su competencia de acción.
Las actividades del crimen organizado en Puebla han tenido un crecimiento sostenido. En el sexenio del exgobernador Mario Marín Torres fue abatido Arturo Beltrán Leyva en el estado de Morelos. Tras su caída, las distintas agrupaciones criminales pelearon por la plaza de Puebla y el estado que se había convertido en un territorio de tolerancia formó parte, ahora, de las entidades donde a balazos pelearon los delincuentes.
Sumado a ello, el crecimiento del huachicol agravó el escenario. En la zona de Palmar de Bravo, comenzó a crecer este delito hasta causar que familias enteras formaran parte de esta nueva organización delincuencial, que rivalizó en ganancias y armamentos con los otros criminales armados: los narcotraficantes.
En 2019, los delitos del fuero común disminuyeron, pero a causa de esta herencia criminal la confrontación entre estos grupos causaron incidentes delictivos de mayor impacto mediático.
En entrevista con Imagen Poblana, a finales de febrero, Lourdes Rosales puso diciembre como un ejemplo del trabajo de Seguridad Pública. “Diciembre, por ejemplo, hay que recordar que diciembre se constituye como el mes de incidencia delictiva más baja de los últimos tres años. Entonces es una buena cifra ya”.
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“Noticias que se dan en otros puntos del estado pareciera que son en Puebla capital simplemente por llevar el mismo nombre (el de Puebla en la cobertura de la noticia). De igual forma, eventos que ocurren en otras partes del país inciden en la percepción de inseguridad que tenemos todos los poblanos”, dijo la secretaria en aquella entrevista.
Aunque los números respaldan el argumento de Rosales Martínez, respecto al combate a los delitos del fuero común, el crecimiento de la rivalidad entre grupos del crimen organizado, la ausencia de una estrategia federal de combate al narcotráfico y la rivalidad política han causado que se mantenga una percepción que se aleja de los fríos resultados numéricos.
