CCE acusa expropiación indirecta de plantas privadas por reforma eléctrica

CCE acusa expropiación indirecta de plantas privadas por reforma eléctrica

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) afirmó que con la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, el gobierno de México pretende llevar a cabo una expropiación indirecta de las plantas privadas, lo cual derivaría en electricidad más cara, contaminante y erogación de más subsidios.

 

De acuerdo con el CCE y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), de concretarse la reforma seguirá cayendo la inversión que llega al país; además, afirman que la “iniciativa intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica”.

 

El CCE acusa que no hubo diálogo con los sectores que se afectarán, y señalan que los daños son mayúsculos porque “abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas” al generar un monopolio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de electricidad, lo cual constituye una violación a la Constitución.

 

El consejo empresarial afirma que tal acción “atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente”, lo que provocará el inicio de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados.

 

Al respecto, el CCE y los organismos que lo integran declararon: “Exhortamos al poder legislativo a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica”.

 

Por su parte, la Concamin dijo que “obligar a consumir electricidad de mayor costo no es bueno para el consumidor mexicano ni para México”, por ello debe rechazarse la propuesta.

 

La Confederación de Cámaras Industriales concluyó que de aprobarse se “condenará a México a vivir en litigios nacionales e internacionales, frenando la tan necesaria inversión que el país requiere”.

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