.gif)
Amnistía Internacional denunció que México, Perú y Brasil no priorizaron en la vacunación al personal de salud que atiende directamente a pacientes con COVID-19, según el informe "Las vacunas en las Américas: Diez imperativos de derechos humanos para garantizar la salud a todas las personas".
La organización no gubernamental relevó 17 países de las Américas y solo 13 del total hicieron públicos sus programas nacionales de vacunación.
"Aunque los programas de estos 13 países dan prioridad a la vacunación del personal sanitario que trabaja en primera línea, Amnistía Internacional recibió informes de México, Perú y Brasil según los cuales se está vacunando a personal hospitalario administrativo o directivo antes que a trabajadores y trabajadoras en primera línea que tratan directamente con pacientes de COVID-19", informó la organización en un comunicado.
Sólo 6 países, entre ellos Argentina, tienen registros "razonablemente" actualizados —desglosados por género, profesión, ubicación y otros datos— sobre el número de trabajadores y trabajadoras de la salud que se contagiaron de COVID-19 durante la pandemia, agrega.
Respecto a los pueblos indígenas, Amnistía indica que varios países incluyeron a los pueblos indígenas entre los grupos prioritarios de su programa de vacunación; sin embargo, Argentina, Chile, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y República Dominicana no mencionan protocolos específicos para estas comunidades en sus programas.
Asimismo, los gobiernos de Chile, Colombia, México, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Costa Rica "obstaculizaron de manera significativa el acceso a las vacunas de las personas refugiadas y migrantes, o directamente los bloquearon", agregó.
Eso ocurre, indica Amnistía, a pesar de que el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) afirmó que incluir a estos grupos en los programas de vacunación es imprescindible para acabar con la pandemia.
A pesar de que muchos gobiernos prometieron públicamente que las vacunas serán gratuitas para toda la población, solo 9 de los 17 países -incluida Argentina- lo confirmaron formalmente en sus programas oficiales o aprobaron la normativa correspondiente, asegura Amnistía.
A raíz de este informe, Amnistía realiza 10 recomendaciones, en relación a las vacunas y el COVID-19, para gobiernos y empresas con el fin de garantizar la salud para todas las personas.
Algunas de las recomendaciones son: garantizar la transparencia y rendición de cuentas en los planes de vacunación, abstenerse de utilizar las vacunas para beneficios personales o políticos, administrar las vacunas gratuitamente y destinar a ello el máximo de los recursos disponibles.
