Cómplices de “Billy” Álvarez, dispuestos a acusarlo por malos manejos en Cruz Azul

Se oscurece aún más el panorama de Guillermo “Billy” Álvarez, quien fue por 32 años presidente del Cruz Azul, pues en las últimas horas se ha difundido información sobre que sus cómplices para hacer un supuesto desfalco en el club y la Cooperativa, se ofrecieron para declarar en su contra ante la Fiscalía General de la República.

 

Según diversos reportes periodísticos, habría llegado a la FGR una solicitud de criterio de oportunidad por parte de Miguel Eduardo Borrell Rodríguez y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, quienes son señalados por ser dos de los cómplices que tenía “Billy”.

 

Junquera fue por más de una década el asesor legal principal de Álvarez, por lo que también está señalado en el caso que lleva años de investigación, peor que fue hasta junio del año pasado cuando pudieron liberar una orden de aprehensión en contra del exdirectivo de 75 años, por delincuencia organizada y lavado de dinero.

 

En su solicitud, Junquera habría narrado detalladamente diversos esquemas a través de los cuales “Billy” Álvarez junto con su hermano Alfredo y su cuñado Víctor Garcés, lograron el supuesto robo millonario a la Cooperativa La Cruz Azul y su posterior lavado, que va desde la disposición indebida del Plan de Pensiones y Jubilaciones de los cooperativistas hasta la utilización de la red de empresas fantasmas para el lavado de dinero, para lo cual aportó más de 20 pruebas, incluidos videos.

 

Por su parte, Borrell, quien fuera director Jurídico de la Cooperativa y un incondicional de Álvarez, detalló en su solicitud la mecánica a través de la cual autorizaba el pago de servicios inexistentes a diversas empresas “apadrinadas” o impuestas por Víctor Garcés y Alfredo Álvarez.

 

Según información, el jurista señaló que recibía cantidades de dinero mensualmente proveniente del esquema de pagos a empresas fantasmas para después ser entregado a “Billy” Álvarez, quien lo repartía a Víctor Garcés y a Alfredo Álvarez, asegurando además que implementaron una estrategia de fabricación de acusaciones para amedrentar y desactivar a los socios disidentes.

 

Estas acusaciones podrían dar un giro a la investigación en contra de los Álvarez y Garcés, mientras que los abogados que ofrecieron esta información podrían quedar libres de acción penal en su contra gracias al recurso penal de criterio de oportunidad que activaron.

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