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El Gobierno de México reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad internacional del Estado por la "violación a las garantías judiciales derivadas de la muerte de la defensora y abogada Digna Ochoa y Plácido", informó el miércoles la cancillería.
También admitió su "responsabilidad por la violación a su honra y dignidad (de la víctima), y por la falta de una investigación con perspectiva de género", en una audiencia pública celebrada el 26 y 27 de abril en curso, en el marco del 141 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana, indica un comunicado conjunto de las secretarías federales de Relaciones Exteriores y de Gobernación, encargada de la política interior.
El 19 de octubre de 2001, Ochoa tenía 37 años, era integrante del jesuita Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez SJ" en Ciudad de México y había sufrido secuestro en 1988.
La víctima acudió ocho años a estudiar en un convento de monjas sin llegar a tomar los votos católicos.
Mientras se ocupaba de casos de ecologistas torturados en Guerrero, recibió dos balazos, uno en la pierna y otro en la cabeza, en un hecho que fue investigado primero como homicidio, pero después fue dictaminado suicidio.
A través de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la cartera de Gobernación, el Gobierno mexicano refrendó "el compromiso ineludible del Estado a favor de la defensa de los derechos humanos".
Esta es la primera vez que el Estado acepta "todas las pretensiones presentadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un Informe de Fondo", indica el reporte oficial.
La aceptación de responsabilidad se reflejará en un "Convenio de Reparación Integral" que será presentado a la representación de la familia de Digna Ochoa en próximos días.
El convenio contendrá doce líneas de acción de conformidad con el artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, el Gobierno y la Corte acordaron generar una ruta para reabrir la investigación y determinar las causas que llevaron a la muerte de la defensora Ochoa y Plácido
La investigación incluirá diligencias con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género bajo estándares internacionales, y contará con la participación de la familia y su representación legal.
El Gobierno de México reitera finalmente su compromiso con el Sistema Interamericano como herramienta complementaria para velar por el mejor interés de las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
