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Un juez civil de la Ciudad de México autorizó un embargo precautorio en contra de la familia Jenkins de Landa, derivado de una demanda de la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en Puebla para devolver los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins.
Según determinó el Juez Sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, José Manuel Salazar Uribe, la medida precautoria tiene como fin garantizar que la familia devuelva el patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, tras una donación de más de 14,000 millones de pesos que se hizo en 2014.
El embargo en cuestión incluye los inmuebles que la familia Jenkins tiene registrados, incluyendo aquellos que componen la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP), Colegio Americano y los Clubes Alpha, así como las cuentas financieras e inmuebles personales de los integrantes de la familia Jenkins.
Elodia Sofía de Landa de Jenkins; Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa; Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins, fueron los que participaron en la donación de 2014 a la Fundación Bienestar de Filantropía.
Fue el 30 de abril de 2014 la familia Jenkins de Landa hizo una donación por más de 14,300 millones de pesos (720 millones de dólares) a la Fundación Bienestar de Filantropía, que inicialmente estaba asentada en Aguascalientes pero que después trasladó su estructura a Barbados.
Guillermo Jenkins de Landa, expatrono de la Fundación Mary Street Jenkins, acusó en 2016 que dicho movimiento había sido irregular y exhortó a la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada en Puebla investigar la donación, sosteniendo que se trataba de un esquema de lavado de dinero.
