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Un conjunto de hechos violentos causó que las votaciones en una de las casillas instaladas en el municipio de Santa María Coronango, tuvieran que cerrar y concluir la jornada electoral antes de lo previsto, pues incluso pobladores de la zona amenazaron con robar las urnas para quemar los votos que alcanzaron a emitirse.
Fue después del mediodía cuando al número de emergencias 911 se reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones de la casilla 288, ubicada en la calle Duraznos sin número, en la junta auxiliar de San Antonio Mihuacán.
Elementos de la Policía Estatal, así como de la Guardia Nacional, llegaron al lugar y se entrevistaron con los funcionarios y el presidente de casilla, quienes mencionaron que en la zona se había reportado una balacera entre policías municipales y sujetos a bordo de una camioneta particular.
Los funcionarios ordenaron el cierre de la casilla, por lo que varios de los pobladores que llegaron al sitio ya no pudieron emitir su voto, situación que causó descontento pero no impidió que más pobladores siguieron llegando al punto.
Cuando se encontraban a las afueras de las casillas, algunos de los pobladores señalaron que en realidad todo se había tratado de un conflicto por compra de votos, ya que presuntamente la camioneta particular que era perseguida por la policía había denunciado el ilícito en el cual se estaban pagando 300 pesos por sufragio.
En la persecución entre la camioneta particular y los elementos de seguridad pública, un poste de la Comisión Federal de Electricidad fue impactado y derribado, mientras que la gente llegó a la casilla pidiendo que sea reabriera pues algunos aún querían emitir su voto.
Los pobladores se dividieron en dos grupos, ya que mientras unos pretendían votar otros más exigían que se abriera la casilla para poder sacar las urnas y así quemar los votos, alegando que se debía de anular la votación ante las negligencias denunciadas previamente.
Alrededor de las 16:00 horas la zona permanecía vigilada por elementos de los tres órdenes de gobierno, y los funcionarios de casilla estaban resguardados con apoyo de la Policía Estatal, para impedir que los pobladores pudieron ingresar y quemar las urnas.
