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Corinna Larsen, examante de rey emérito de España, Juan Carlos I, demandó al monarca y a los servicios secretos españoles ante el Tribunal Superior británico por someterla a “vigilancia ilegal”, tanto “encubierta” como “visible”, en el Reino Unido “desde 2012 hasta el presente”; además, afirma que fue amenazada y difamada.
De acuerdo con el medio Financial Times, la empresaria quiere una sustancial compensación económica, además pidió al Tribunal Superior de Londres una orden de alejamiento de al menos 150 metros contra Juan Carlos I. La demanda fue presentada en diciembre de 2020, pero recién trascendió su contenido.
Por su parte, el rey emérito de España niega haber cometido algún delito, aunque sus abogados no han presentado su defensa ante el tribunal. Además, en el centro de la polémica está el pago que el rey hizo a Corinna de 65 millones de euros (76 millones de dólares), dinero que el difunto rey de Arabia Saudí había enviado a una cuenta bancaria en Suiza vinculada con una fundación con ventajas fiscales con sede en Panamá, y cuyo beneficiario era Juan Carlos I.
La empresaria refiere en su demanda que la intención del rey era asegurar que tanto ella como sus hijos pudieran mantenerse, porque, afirma, a Juan Carlos le preocupaba que su familia pudiese recurrir contra su herencia si le dejaba algo en ella.
Respecto a las amenazas, Corinna manifestó varias veces que había sido amedrentada por parte del entorno del rey emérito, en particular del exjefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán, como dijo en enero en su declaración como testigo en el juicio contra el excomisario José Villarejo, acusado de calumnias al exdirector del CNI.
En ese entonces la defensa de Villarejo preguntó a Corinna si las amenazas de Sanz Roldán le aterrorizaron. “Por supuesto me aterrorizó, aterrorizarían a cualquiera. El hecho de que el jefe de seguridad viniese a visitarme a Londres ya era bastante escalofriante”, respondió. Larsen afirmó, desde Londres por videoconferencia, que estos hechos dejaban de manifiesto la situación en la que se encontraba de “constantes amenazas y peligro”.
Por último, el diario El País informó que un juez designado por el Alto Tribunal británico asumirá ahora la investigación y tendrá hasta 18 meses para ejecutar la instrucción del caso. Además, fuentes jurídicas afirman que Juan Carlos I cuenta con un precedente negativo para su presunta inmunidad. En 2000 el comité judicial de la Cámara de los Lores despojó de su inmunidad al exjefe de Estado de Chile, el dictador Augusto Pinochet, al considerar que los delitos de tortura no podían ser considerados parte de las tareas de un jefe de Estado.
