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A través de un comunicado publicado el 28 de julio, el presidente de Estados Unidos presentó iniciativas para combatir el creciente problema de ciberseguridad que enfrenta dicho país. Ello, tras una serie de ataques cibernéticos a infraestructuras críticas y organizaciones de alto perfil en dicho país, entre las que destacan Colonial Pipeline y Kaseya.
"La protección de nuestra infraestructura nacional es responsabilidad del gobierno en los niveles, federal, estatal, local, tribal y territorial", afirmó el presidente en el memorándum. Este, por otra parte, brinda directrices respecto al tema, dirigidas a implementarse en varias agencias del gobierno, incluyendo los departamentos de Seguridad Nacional y Comercio.
Principalmente, el presidente del país norteamericano implementará la llamada Iniciativa para la Ciberseguridad de Sistemas de Control Industrial. Esta constará de esfuerzos, en un inicio mayormente voluntarios, entre el gobierno federal y el sector privado involucrado en la gestión de infraestructuras críticas. Este estará dedicado no solo a la respuesta, sino a la vigilancia y alerta con motivos de prevención de más ataques que puedan "debilitar la seguridad económica y nacional".
De acuerdo con el memorándum, un programa piloto se iniciará en los subsectores eléctrico y de ductos petroleros. Más tarde en 2021 se implementará en la infraestructura de Agua y Drenaje y en el sector químico industrial.
Por otra parte, un aspecto importante del memorándum consiste en la institucionalización de métricas y la definición de metas de desempeño para esta iniciativa en ciberseguridad. Esta responsabilidad corresponde a los Departamentos de Seguridad Nacional y de Comercio.
Las agencias deberán presentar un plan preliminar a más tardar el 22 de septiembre 2021, tras un año de esto se realizará una evaluación. En última instancia, el objetivo de la administración de Biden es generar una base mínima de protección digital ante ciberataques, especialmente del tipo ransomware. Aunado a lo anterior, la administración de Estados Unidos y el Buró Federal de Investigaciones, implementó un programa de recompensas a quienes reporten ante la ley a responsables de este tipo de crímenes.
