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Luego de que ayer el gobierno mexicano emitiera una declaración de emergencia por sequía extraordinaria, la agencia Moody’s informó que este fenómeno natural, derivado del cambio climático, afectará en particular a la generación de electricidad, la minería y la industria de bebidas.
Con base en información de la agencia EFE, que cita un informe de Moody’s, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que anunció en julio una inversión de 1,000 millones de dólares para modernizar 14 centrales hidroeléctricas, será una de las empresas afectadas en sus operaciones por la sequía.
De acuerdo con Roxana Muñoz, vicepresidenta asistente de Moody’s, “la escasez de agua limitará la capacidad de generación de energía hidroeléctrica, lo que complicará los esfuerzos de México por alcanzar su objetivo de generar el 35% de la electricidad a partir de fuentes de energía limpia para 2024”.
Asimismo, la agencia de calificación crediticia afirma que a pesar de que el sector agrícola concentra más del 75% del consumo del líquido, la escasez de agua afectará a la minería y a la industria de bebidas.
El informe refiere: “A pesar de sus planes bien desarrollados de gestión de agua, las industrias que usan agua de forma intensiva afrontarán costos más altos por la creciente escasez”.
Aunado a ello, la calificadora también vaticina “complejos desafíos” y “presión crediticia” para los gobiernos locales, sobre todo los municipios que tienen bajo su responsabilidad los servicios de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua.
Esta crisis climática podrían alcanzar incluso al sector financiero, pues Moody’s refiere que “en general, los bancos enfrentan riesgos por debajo del promedio que surgen de cuestiones ambientales como las sequías y la escasez de agua, aunque algunos acreedores con exposiciones concentradas en la agricultura pueden experimentar una disminución de la calidad crediticia”.
La alerta de sequía emitida ayer por la Conagua prevé un aumento del estrés hídrico en 31 de las 32 entidades del país, incluyendo la Ciudad de México, durante los próximos 10 años, por lo cual contempla limitar de forma temporal los derechos de agua existentes y reducir de forma provisional los volúmenes permitidos a los usuarios de las cuencas en condición de sequía.
