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Debido a los malos tratos hacia Mario Aburto, preso desde 1994 por el homicidio de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tijuana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recomendó a la Fiscalía General de la República llevar a cabo una nueva investigación del caso.
La CNDH emitió la Recomendación 48VG/2021 dirigida a Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, así como a José Ángel Ávila Pérez, comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), cuyo contenido afirma que Mario Aburto sufrió violaciones graves a los derechos humanos, a la integridad personal y trato digno, por actos de tortura e incomunicación, aunado a los agravios al debido proceso.
Asimismo, el documento explica que Aburto, tras ser detenido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, fue llevado como acusado a la Agencia del Ministerio Público Federal, que en ese entonces pertenecía a la Procuraduría General de la República (PGR). Luego, detallan, el 25 de marzo de 1994, ingresó al CEFERESO 1 “Altiplano” en Almoloya de Juárez, localizado en el Estado de México.
Y en los años posteriores, explica la recomendación, el convicto ha sido cambiado de Centros Federales de Readaptación Social, de distintos estados, de diferentes entidades “y desde el 21 de octubre de 2020 se encuentra en el CEFERESO 12 ‘CPS-Guanajuato’ en Ocampo, Guanajuato”.
La intervención de la CNDH deriva de que la parte acusada denunció que desde hace 27 años ha informado reiteradamente sobre la tortura de la que es víctima. Asimismo, desde el 31 de agosto de 1994 hay una indagación por tales denuncias, por ello Aburto reclamó “la reapertura de su caso para que se dé a conocer la verdad a toda la sociedad”.
Además, el documento refiere que la víctima y sus familiares “manifestaron a este Organismo Nacional que, durante 27 años, las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, toda vez que los centros penitenciarios donde ha sido recluido se encuentran lejos del lugar donde radican, solicitando urgentemente su traslado a un Centro de Reinserción en Baja California”.
Por lo anterior, la CNDH pidió a la FGR que, con base en todos los elementos que han sido omitidos, se lleve a cabo una nueva investigación sin prejuicio y con perspectiva “pro homine”, y se aporte como prueba la recomendación del organismo; también instó a que sean consideradas “las múltiples omisiones, ocultamientos y acciones generados en el pasado, para que en esta nueva investigación que se realice o en la reapertura de la anterior, se subsanen tales deficiencias y se llegue al pleno esclarecimiento de los hechos, que permita a la víctima y a la sociedad mexicana acceder al derecho a la verdad de manera individual y colectiva”.
De esta manera, la CNDH pretende que el Estado responda por “los actos cometidos no solo a través de acciones de reconocimiento y reparación integral del daño sino también mediante acciones y políticas de no repetición (...)”.
Dicha recomendación será remitida a la Cámara de Diputados, a fin de que se añada a la investigación que encabeza la Comisión de la Verdad.
