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La falta de asignación de 3.000 millones de pesos (150 millones de dólares) adicionales para articular la tercera etapa de la reforma de justicia laboral en México pone en riesgo el cumplimiento de acuerdos con Estados Unidos y Canadá, advirtió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El ministro presidente del máximo tribunal del país, Arturo Zaldívar, señaló en conferencia de prensa que solicitó recursos adicionales para la construcción de tribunales en el territorio nacional, incluidas sus tres principales ciudades, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, además de operaciones de capacitación especializada.
Zaldívar emitió su mensaje mientras la Cámara de Diputados discutía el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.
"Obviamente que de no asignarse estos recursos se compromete y se pone en riesgo el cumplimiento de esta reforma de justicia laboral que, reitero, es un compromiso de México con sus socios comerciales", advirtió el ministro.
"Periódicamente delegaciones, sobre todo Estados Unidos, acuden a nuestro país para verificar los avances de este compromiso en materia de justicia laboral", añadió y exhortó de manera respetuosa al poder legislativo ponderar esta situación.
"Para que los beneficios lleguen a la gente más pobre de este país no podemos poner en riesgo la reactivación económica ni la justicia social. Sin embargo, de mantenerse este esquema y no asignarse al poder judicial estos recursos, quiero decirles que nosotros no vamos a generar ningún problema de presupuesto, aceptaremos y respetaremos la decisión de la Cámara de Diputados", matizó
Recordó que la reforma de justicia no es un proyecto del poder judicial sino del Estado mexicano, una obligación constitucional para impartir justicia social de calidad para millones de trabajadores y una responsabilidad que compromete los acuerdos internacionales de México.
"De verdad que yo no alcanzo a entender qué razones pudieron tener quienes dictaminaron el presupuesto para no considerar esencial o relevante algo que, uno, es una obligación constitucional; dos, implica llevar justicia social a millones de trabajadores mexicanos; tercero, implica cumplir con compromisos internacionales de México que, de no cumplirse, pueden generar consecuencias muy desfavorables", argumentó el ministro.
"Y cuatro, está de por medio la reactivación económica de México, de eso estamos hablando", dijo.
No obstante, el ministro Zaldívar reconoció que ante la coyuntura que atraviesa el país no es fácil consolidar un proyecto de presupuesto equilibrado y aseveró que todo el gobierno opera en la lógica de trabajar por el beneficio de los más pobres.
Con los ajustes en materia de impartición de justicia laboral, Zaldívar aseveró que antes los juicios laborales duraban en promedio cuatro años y medio, cuando desde su gestión al frente de la Suprema Corte duran cuatro meses y medio.
