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La Suprema Corte avaló la ley eléctrica que recibió tantos amparos, pero dio dos palos a la 4T. Le quitó al ejecutivo el derecho de disponer del dinero logrado por austeridad y adelantó la participación de exfuncionarios en el sector privado. Sobre esto último, solo extendió lo que hace en su entorno: quedarse muy girita cuando algunos de sus ministros se meten al litigio después de dejar la toga. Ahora extiende generosa esa facultad a los que se han nutrido de la ventaja oficial. Todos los informes, aún aquellos que son carta prohibida para los ciudadanos, serán moneda de cambio para las empresas privadas. Ya se han mencionado en estos días los casos más descarados de utilización de la relación con el estado, como son los de los ex presidentes Felipe Calderón y Ernesto Zedillo. Este, muy calladito después de ser vapuleado por el PRI por haber reconocido el triunfo de Vicente Fox, se fue directo al extranjero y allá al parecer negoció todos nuestros secretos. Documentos que para el ciudadano común tardarán años en ser expuestos al público, lo son abiertos para los que han navegado por las arcas del gobierno y muchos de los datos que esconde nuestro país, pueden ser ya expuestos en materia de negociación, ¿Cuantos de esos datos fueron a parar a manos de Iberdrola, de Odebrecht y otros saqueadores, porque los mismos exfuncionarios y a veces todavía en funciones, se los entregaron?
Exfuncionarios podrán saturar a privados de nuestros recursos
Lo que hacen los altos exfuncionarios se repite a niveles medios y bajos. Los secretos del estado no lo son cuando hay que hacer negocios. Y hay otras formas, como las que se usan en las famosas conferencias, de presuntos conocedores del país. Vicente Fox recorrió en su tiempo algunos lugares de Estados Unidos, dando conferencias para volcar lo que había sacado de los estratos oficiales. Se desgrana la intimidad de un país, alertando a empresas, sobre todo transnacionales que hurgan en cualquier traste para conocer cómo se puede penetrar a ese país. Muy parecido al caso de esos exfuncionarios es el de algunos informadores que participan en el periodismo llamado colaborativo, para incorporar empresas y personas extranjeras a lo más profundo de lo que es México. Es desde ahí de donde salen las críticas, aunque adobadas con ignorancia ofensiva como la que exhibieron los parlamentarios europeos hace unas semanas. Sobre los negocios, los exfuncionarios mexicanos han aprendido del exterior y el ejemplo más mencionado en los últimos tiempos es el de Joe Biden, quien parlotea con interés profundo el caso Ucrania. Y no es para menos, en su larga carrera de senador que dejó para incorporarse como vicepresidente de Barack Obama, un hijo suyo mantuvo empresas importantes en Ucrania que dejó en 2008, un año antes de que su padre se incorporara al gabinete.
Una Corte rica en salarios desprecia la capacidad oficial del ahorro
En el análisis que hace el jurista Pablo Zapata Zubiága en la Revista Mexicana de Justicia (2019) sobre El futuro del Sistema Judicial en México, la propuesta recalcada es que debe haber una coordinación plena de los tres poderes. Vana propuesta hasta ahora. Cuando se sostenía desde los ámbitos jurídicos que este sería el siglo del poder judicial, le atribuían al legislativo el siglo XIX, al ejecutivo el siglo XX para dejar al actual, listo para los ministerios interpretativos. Craso error de los vaticinadores. La Corte y sus funcionarios inferiores, llámense jueces, están dando un ejemplo de cómo la justicia se desbarranca cuando está en malas manos. Y no es el caso de todos, por fortuna, pero sí de los más empeñados en mantener su estatus. Y desde luego el dinero es materia de sus resoluciones, pero no para favorecer reformas que sirvan al pueblo. Son para dejarlo en las manos voraces de algunos legisladores que lo repartirán, quizá, en partidos políticos como los de la coalición opositora que en contrasentido dilapidan el ahorro del pueblo, para obstruir planes que servirían a ese mismo pueblo. Dinero que se va también a la basura de la propaganda, como lo veremos el próximo mes de junio. Es la dilapidación de un ahorro creado desde el ejecutivo, que podría servir para ampliar los planes sociales. La austeridad que ha permitido redistribuir ahorros, dejará de serlo y como lo han repetido algunos, cesará el interés de los ejecutivos por ahorrar porque ese dinero se canalizará a otra parte. Dinero que por cierto irá a los altos salarios de los ministros y de los consejeros del INE.
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