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Un juez salvadoreño sentenció el lunes a 30 años de prisión a una mujer identificada como "Esme", quien habría abortado tras sufrir una emergencia obstétrica en 2019, en la primera condena por estas causas durante la administración del presidente, Nayib Bukele.
"Este lunes 9 de mayo, un juez sentenció a 30 años de prisión a 'Esme', quien luego de enfrentar una emergencia de salud durante su embarazo, en vez de recibir atención médica, fue acusada por el Ministerio Público y mantenida por dos años en prisión preventiva durante el proceso judicial, separándola de su hija de 7 años", denunció la Agrupación Ciudadana Manuela Justicia y Esperanza.
Según el referido colectivo, esta condena es la primera que se produce durante el Gobierno de Bukele, quien había prometido poner fin a la persecución sistemática de mujeres que enfrentan emergencias de salud durante sus embarazos.
"El caso de "Esme" nuevamente refleja la criminalización de mujeres que viven en condiciones de pobreza, sin acceso a educación y servicios de salud", denunció la agrupación, que adelantó que apelará a esta sentencia.
Karla Vaquerano, abogada de la imputada, afirmó que el juez actuó con parcialidad, al privilegiar la versión cargada de estigmas y estereotipos de género que ofreció la Fiscalía General de la República.
El código penal salvadoreño prohíbe desde 1998 el aborto en toda circunstancia, incluso en caso de peligro para la salud de la madre o del niño, y son procesados como "homicidios agravados", que implica condenas de hasta 50 años de prisión.
La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialista partido Nuevas Ideas, frenó todo intento de aceptar cuatro causales que permitan la interrupción del embarazo, sobre todo cuando la madre corra peligro de muerte o sea imposible la vida extra-uterina del feto.
También se incluirían los casos de violaciones o de estupro, un fenómeno arraigado en esta nación centroamericana y agravado en el contexto del confinamiento vivido tras la irrupción en 2020 de la pandemia de COVID-19.
Según los colectivos que luchan contra la criminalización del aborto, esta prohibición total sigue cobrando vidas en El Salvador, donde el presidente Bukele ya descartó siquiera su estudio en un paquete de reformas a la Constitución de la República.
En diciembre pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado salvadoreño por encarcelar injustamente a Manuela, una joven que sufrió un aborto espontáneo y murió en prisión.
A su vez, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también pasó a la referida Corte el caso de Beatriz, otra salvadoreña a la que se le negó la interrupción de su embarazo por riesgo de salud y por malformación congénita incompatible con la vida del feto que estaba gestando.
Su caso inspiró una iniciativa llamada "Reforma Beatriz", rechazada por la Asamblea de mayoría oficialista, que buscaba despenalizar el aborto cuando la mujer corre peligro de vida, cuando el feto sufre malformaciones que hacen inviable su vida fuera del útero y por violación.
