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La ley propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que la Guardia Nacional (GN) pase a control administrativo y operativo de la Defensa, recién aprobada por el Senado, es un "retroceso" para la seguridad pública, dijo este viernes la Alta Comisionada (interina) de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).
"El traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional es un retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos. La Alta Comisionada interina de la ONU para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó hoy (por este viernes) su preocupación por la decisión del Congreso de México de ceder el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional", dijo el organismo en un comunicado emitido desde su sede en Ginebra.
Acnudh señala que "el carácter civil (de la GN) está consagrado en la Constitución", pero con las reformas "estará dirigida exclusivamente por militares".
México queda sin una fuerza policial civil a nivel federal, "consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México", prosigue esa instancia de la ONU, que fue dirigida cuatro años por Michelle Bachelet, hasta el 31 de agosto pasado.
Los mecanismos de derechos humanos del organismo mundial han señalado en varias ocasiones que las Fuerzas Armadas "solo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes", dijo Al-Nashif en su pronunciamiento.
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Recordó además que, "aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas".
Subrayó que las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles.
"Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas", dijo Al-Nashif.
Acnudh hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que refuercen la supervisión civil en el sector de la seguridad, "en consonancia con las normas de derechos humanos".
La Alta Comisionada interina expresó además su preocupación, "por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida una reciente propuesta de reforma de la Constitución para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028".
La reforma constitucional que dio paso a la creación de la GN, en 2019, puso como plazo 2024 para que los militares regresen a los cuarteles.
El proyecto aprobado no modifica la Constitución y requería una mayoría simple (mitad más uno) que posee el oficialismo en ambas cámaras.
