Empleados migrantes en Catar denuncian explotación y miseria en obras para el Mundial

Foto: Pixabay

Los trabajadores migrantes que participaron en la construcción de los estadios para el próximo Mundial de Catar 2022 han denunciado las condiciones precarias en las que viven, pues aseguran que han sido obligados a pagar tasas ilegales y no cuentan con la posibilidad de cambiar de trabajo sin la autorización de su empleador.

 

De acuerdo con varios testimonios recogidos por el medio “The Guardian”, al final de la jornada, los empleados son trasladados hasta los dormitorios provistos por quien los contrató, en el Complejo Agrícola e Industrial Al Sulaiteen, ubicado en medio de una granja y rodeado de invernaderos.

 

Las habitaciones en las que se quedan son pequeñas, están sucias y carecen de ventanas, por lo que la estadía de los migrantes en el país es “miserable”. Los entrevistados bangladesíes, indios y nepalíes denunciaron que para ser contratados les solicitaron el pago de una cuota, una práctica que es cotidiana a pesar de que el comité organizador del torneo anunció en 2017 un plan para evitar que los empleadores solicitaran una tasa de contratación.

 

"Pagué 3,000 dólares para asegurar mi empleo. Algunos pagan un poco más, otros un poco menos, pero todos pagan", reveló Kabir, un trabajador bangladesí. Por otro lado, uno de los migrantes indios denunció recibir un sueldo mensual de 256 dólares, lo que equivale a poco más de un dólar por hora.

 

 

Tras pagar las cuotas de contratación y los gastos de la vida diaria, afirma que solo es capaz de mandar a casa 182 dólares para la manutención de su esposa y sus cuatro hijos. Estas denuncias han llamado la atención de diversas organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos.

 

En este sentido, el pasado mayo las instituciones Amnistía Internacional, Migrant Rights y Human Rights Watch formaron una coalición que instó a la FIFA a pagar 440 millones de dólares en compensación a los trabajadores migrantes de Catar que fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos y laborales.

 

Por otro lado, en agosto, al menos 60 empleados fueron detenidos y deportados por manifestarse y exigir el pago de sus salarios atrasados, por lo que Equidem, un grupo de defensa de los derechos de los trabajadores, publicó un informe en el que denunciaron que estas personas han sido víctimas de “explotación laboral grave” y han sufrido vigilancia intensiva por parte de sus empleadores.

 

Los abusos y precarias condiciones de vida de los trabajadores son pocas veces denunciados de manera formal, pues los afectados temen a las represalias que podrían sufrir, que van desde el despido hasta la deportación.

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