Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se estaría llevando a cabo una consulta ciudadana para conocer si la sociedad avala que la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y con esto se consolide la militarización del país.
El diputado del PAN, Santiago Creel Miranda, resaltó que esta consulta resulta inconstitucional y no debería llevarse a cabo, algo que ha provocado las críticas de quienes son afines al proyecto lopezobradorista, que además ha pasado por alto lo señalado por el panista.
Aunque parece que lo dicho por Creel Miranda solo es golpeteo político, la realidad indica que esta propuesta del presidente sí va en contra de la Constitución por dos razones principales, pues se hace sobre las Fuerzas Armadas y la quiere organizar la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es inconstitucional llevar a cabo consultas populares sobre la seguridad nacional o sobre la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas, algo que sin duda se pretende hacer.
Que la Federación se empeñe en llevar a cabo esto resulta hasta contradictorio para el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues en 2019 los legisladores de la llamada “Cuarta Transformación” votaron a favor de mantener estas restricciones en las consultas en materia de las Fuerzas Armadas.
Otro punto importante es que la Constitución también establece que es el Instituto Nacional Electoral (INE) el que se debe encargar de la logística, tal como sucedió en pasados ejercicios de este tipo.
La idea del presidente López Obrador es que la Secretaría de Gobernación la lleve a cabo, dejando totalmente de lado al INE, algo que va en contra de lo establecido en la Carta Magna y que sin duda hace inconstitucional esta consulta.
Esto deja ver la otra intención del mandatario, que gira en quitar facultades al INE para comenzar a allanar el camino para desaparecer este instituto, como han advertido legisladores de oposición en diversas ocasiones.
De esta manera, se confirma que la consulta sobre la Guardia Nacional carece de los elementos necesarios para ser considerada constitucional, por lo que llevarla a cabo sería ir en contra de lo establecido en la Carta Magna.
