El “coco” de la plutocracia mexicana y global

El Sistema de Administración Tributaria que encabezó Raquel Buenrostro, la ahora secretaria de Economía en sustitución de Tatiana Clouthier, recuperó 147 518 millones de pesos con la estrategia de fiscalizar a los grandes contribuyentes, del tipo de Ricardo Salinas Pliego y Claudio X. González, padre e hijo que hoy se travistieron en manifestantes porque “El INE no se toca”. Pero ellos, los dueños de México, es decir, la oligarquía, sus medios de comunicación y los intelectuales orgánicos, todavía lo manosean hasta la obscenidad.

 

La cuantiosa suma equivale a uno de cada dos pesos que el SAT recuperó vía auditorias y solicitudes de corrección entre enero y septiembre del presente año, así como al  62% del gasto total que en 2022 absorberá la pensión universal para adultos mayores, la del Bienestar que beneficia a 11.5 millones de mexicanos, gracias al gobierno “populista” del presidente Andrés Manuel y su Cuarta Transformación, derecho que elevaron a rango constitucional, pero los “expertos” lo critican por clientelar y asistencialista cuando los derechos amparados por la ley de leyes constituyen todo lo contrario, de acuerdo con varios especialistas ajenos al golpeteo político que ya practica con singular destreza Carmen Aristegui.

 

Entre los grandes contribuyentes se encuentran aquellos con ingresos anuales que superan los 1 567 millones de pesos. Y de acuerdo a información del SAT, registrada por la reportera Dora Villanueva, la estrategia de fiscalizar a grandes contribuyentes sigue aportando prácticamente la mitad de la recaudación secundaria –la que se logra después de auditorías, verificaciones y visitas domiciliarias–; sin embargo, se redujo 4.8% respecto al periodo comparable del 2021, en plena pandemia del SARS-CoV-2 que genera la enfermedad de covid-19, y lo cual no deja de llamar mucho la atención del redactor.

 

Para el SAT el cumplimiento voluntario es preferible a las acciones de fiscalización y los esfuerzos adicionales no se relajan, pues durante enero y septiembre del presente año se fiscalizó a 866 grandes contribuyentes, 79.3% más que en 2018.

 

Los recursos que fueron recuperados con las auditorías y revisiones a grandes contribuyentes se mantienen desde 2022 en 48% de lo recuperado a través de actos de fiscalización. Simultáneamente, el SAT reorientó parte de sus revisiones hacia otro tipo de causantes, y muestran un incremento respecto al 45% registrado en el periodo comparable de 2018.

 

El organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ahora dirige el contador y maestro en finanzas, Antonio Martínez Dagnino, informa también que provenientes de los 12 206 registros que pertenecen a grandes contribuyentes ingresaron al SAT un billón 354 703 millones de pesos entre enero y septiembre de 2022, esto es, 47% de la recaudación total.

 

Apenas el 28 de septiembre, López Obrador planteó en la mañanera de Palacio Nacional que entre 20 y 30 grandes contribuyentes estaban en un proceso de auditoría, se trata de empresas nacionales y extranjeras que deben al Sistema de Administración Tributaria 100 000 millones de pesos y que el gobierno busca negociar con ellos para que paguen y no se inclinen por prácticas dilatorias a través de procesos judiciales. Negociaciones, dicho sea de paso, que no se practican durante el gobierno de la 4T ni antes con los causantes que son simples mortales. Pero sí con los que estaban acostumbrados a practicar la evasión y elusión fiscales, lo que ahora constituye un delito que amerita cárcel y el pago de los impuestos.

 

Acuse de recibo

 

La manifestación nacional “El INE no se toca” (sólo se manosea por los que todavía actúan como dueños del ejercicio de la política) tiene entre muchas ventajas que los escasos medios de comunicación –cuando mucho 10 de cada 100– colocaron en la agenda informativa los bochornosos fraudes electorales y financieros de Amigos de Fox con alrededor de 1 000 millones de pesos para el candidato presidencial de Acción Nacional; el Pemexgate para apoyar con más de 1,000 millones de pesos a Francisco Labastida Ochoa, el fracasado candidato del Revolucionario Institucional a Los Pinos y de lo cual responsabiliza en privado a Ernesto Zedillo; así como Odebrecht como vía para inyectar recursos privados a la multimillonaria campaña de Enrique Peña Nieto y muchos casos más como los monederos Monex. Todo eso que dejó pasar el Instituto Federal Electoral que presidió el doctor Isaac José Woldenberg Karakowsky, designado por el presidente Zedillo, y el delincuente electoral Luis Carlos Ugalde, sustituido por Leonardo Valdés Zurita… De Jorge Meléndez Preciado: “Gracias, señor Iborro, como diría Enrique Semo” (https://insurgentepress.com.mx/al-zocalo-no-es-una-provocacion/)… Informa Elba Pérez Villalba del fallecimiento del maestro de la Facultad de Economía de la UNAM, Héctor Tamayo López Portillo, hombre de izquierda, militante del Partido Comunista Mexicano y asesor de Valentín Campa, mi querido padrino.

 

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