El "plan B" de López Obrador en caso de que no se apruebe la reforma electoral

El "plan B" de López Obrador en caso de que no se apruebe la reforma electoral

Foto: Xinhua

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que, en caso de que los legisladores no aprueben su reforma electoral, iría por la vía de una reforma a la ley que no requiere la mayoría calificada.

 

"Es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes [del voto del Congreso], un plan B", adelantó durante su tradicional rueda de prensa matutina.

 

Dichas declaraciones se hacen luego de que el 14 de noviembre Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunciara que sus bancadas en el Congreso de la Unión votarán en contra del proyecto de reforma.

 

En este contexto, el mandatario mexicano recordó, que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y aliados sí tienen la mayoría simple, por lo que su segunda opción estaría "segura" en cuanto a aprobación.

 

"Es que es posible que, sin violar la Constitución, se pueda proponer en una ley o una reforma a la ley electoral, que se elijan a los consejeros y magistrados del INE y del Tribunal, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300, ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma", prosiguió.

 

Anunciada en abril de 2022, la iniciativa de ley asegura que busca austeridad en el árbitro electoral, además de garantías para elecciones limpias y sin fraudes.

 

Entre sus ejes figuran la elección popular de funcionarios electorales, sustituir al organismo electoral por un Instituto de Elecciones y Consultas, con solo siete consejeros, eliminar los órganos electorales de los estados y eliminar a legisladores plurinominales.

 

Sin embargo, la iniciativa ha generado el repudio de un sector opositor a la gestión de López Obrador, bajo el argumento de que representaría un retroceso para la vida democrática mexicana y no garantizaría la imparcialidad que, presuntamente, por estatuto, debe tener el instituto electoral, autónomo de la Administración federal.

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