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Las tiendas de raya fueron un modelo abusivo mediante el cual muchos patrones ofrecían productos de uso cotidiano dentro de sus fábricas o haciendas, para después descontar el valor a sus empleados directamente de su pago semanal.
Estas tiendas de raya fueron un modelo duramente criticado y prácticamente vetado tras el término del porfiriato y con la llegada de la Revolución Mexicana; sin embargo, ahora los diputados federales del Movimiento de Regeneración Nacional pretenden revivir el modelo de la mano de las instituciones bancarias.
Esto es a través de un proyecto de decreto que se presentó ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público en San Lázaro, el cual establece una figura denominada "Crédito de nómina de los empleados y trabajadores de la República Mexicana".
En esta se propone cobrar los préstamos que los trabajadores solicitan por medio del empleador o en su caso de la empresa, a cualquier institución bancaria, directamente de la nómina de cada uno de los empleados.
Sin embargo, esto no aplicaría únicamente para los créditos como el del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de Trabajadores (Infonacot).
La medida también propone incorporar una figura llamada "libranza", la cual refiere que los empleadores tendrían la capacidad de instruir a sus empleados o a la empresa, para que se aplique el pago parcial o total del crédito que recibió a través de su nómina.
Básicamente, las empresas con tal de cumplir con esta libranza, estarían capacitados para poder pagar los créditos de sus trabajadores a través de descuentos de nómina, tal y como se hacía en las tiendas de raya del porfiriato.
Sin embargo, esta propuesta ya había sido presentada, con algunas modificaciones, en marzo de este año con el respaldo de Morena y del Partido Verde Ecologista, pero las críticas la mandaron a la congeladora.
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Cuando algunos medios de comunicación cuestionaron al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta propuesta en marzo pasado, este incluso la reprobó y amagó con vetar la ley pues consideraba que era abusiva y perjudicaba a los trabajadores.
Pero los cambios hechos esta nueva iniciativa son incluso más lascivos en contra de los trabajadores, pues en la primera propuesta se autorizaba que las empresas pudieran retener únicamente el 40 % del salario, pero ahora podrían retener hasta el 45 %.
Además, la primera propuesta fijaba una tasa de interés del 1.2 %, mientras que en la nueva propuesta la tasa de interés se elevó al 1.4 %.
