Senado retomará análisis de Reforma Electoral en febrero de 2023

Senado retomará análisis de Reforma Electoral en febrero de 2023

Foto: Twitter / @senadomexicano

El Pleno del Senado de México retomará en febrero de 2023 el dictamen de una reforma de cuatro leyes electorales secundarias promovida por el Ejecutivo, dijo el viernes el presidente de la Junta de Coordinación Política del Legislativo, Ricardo Monreal.

 

"El Senado no podría en periodo de receso allanarse (para aprobar cambios hechos al dictamen en Cámara de Diputados) y enviarlo al Ejecutivo para su promulgación (…) Al no estar aprobadas esas cuatro leyes no se pueden publicar y no puede iniciar su vigencia, será hasta febrero en que podamos retomar este paquete de cuatro leyes", explicó Monreal.

 

El también jefe de la bancada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) relató en conferencia de prensa que un dictamen aprobado por los diputados fue revisado y corregido por la Cámara Alta, y devuelto con modificaciones a la Cámara Baja, que los aprobó de nuevo la noche del jueves.

 

Al tener modificaciones, el dictamen de las reformas de cuatro leyes electorales "no está aprobado y no pueden, ni la Cámara de Diputados ni la de Senadores, enviar el paquete legislativo para su publicación" al Ejecutivo federal, subrayó el senador oficialista.

 

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador planteó un primer proyecto de reforma a las leyes comiciales en la Constitución, pero las bancadas de todos los partidos de oposición impidieron que obtuviera las dos terceras partes de los votos en la Cámara Alta requeridas para modificar la Carta Magna.

 

 

El mandatario emprendió entonces el llamado Plan B, que no modifica la ley primaria constitucional, y únicamente reforma las leyes secundarias, para lo cual basta con la mayoría simple de la mitad más uno, que el oficialismo y aliados poseen.

 

Pero los diputados oficialistas incluyeron por "un duende" (error) reformas que cambiarían la Constitución, y el Senado regresó a los diputados un nuevo texto revisado con enmiendas, que fue aprobado de nuevo al final del jueves, con mayoría simple de 269 votos a favor, 217 en contra, cero abstenciones y 14 ausencias en la Cámara de Diputados.

 

LAS MODIFICACIONES

 

El Plan B de López Obrador no cambia el proceso de selección de los consejeros ciudadanos del Instituto Nacional Electoral (INE, autónomo), que seguirá siendo potestad del Congreso, como establece la Constitución y no por voto universal directo como proponía el mandatario.

 

Tampoco reduce de 500 a 300 los asientos en la Cámara de Diputados, al ser rechazado el primer proyecto que planteaba eliminar 200 diputados que se reparten en forma proporcional los partidos y favorece la representación de las minorías.

 

La reforma aprobada modifica las leyes de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial relacionado con los comicios, y expide una nueva Ley de Medios de Impugnación Electoral.

 

El dictamen elimina una regla que proponía que el partido político nacional que no obtenga al menos el tres por ciento del total de la votación nacional -como marca la Carta Magna- preserve su registro, si logra ese mismo porcentaje en por lo menos la mitad más uno de los 32 estados de la federación mexicana.

 

Las nuevas reglas de propaganda permitirán la "libre autopromoción de funcionarios públicos".

 

 

López Obrador celebró el viernes el avance del proyecto de reformas en el Congreso, y dijo que el máximo tribunal del Poder Judicial debe sentenciar si las reformas violan o no la Constitución.

 

"Se aprobó la ley, agradezco a los legisladores, y ahora pasa a la Suprema Corte de Justicia, ahí van a decidir si es inconstitucional o no, pero no hay absolutamente nada que altere los procedimientos legales", dijo el gobernante.

 

El Congreso aprobó reducir la estructura nacional del INE y sus facultades de sanción de las irregularidades en los procesos comiciales.

 

Los partidos de la oposición anunciaron que acudirán a la Suprema Corte para alegar presuntas violaciones a la Carta Magna en el proceso legislativo de las reformas.

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