Este fin de semana se dio un nuevo vuelco en el caso de Cecilia Monzón Pérez, abogada y activista que en mayo del año pasado fue asesinada mientras viajaba a bordo de su camioneta en el municipio de San Pedro Cholula, esto luego de que uno de los presuntos implicados en su caso fue liberado.
La liberación fue la del eslabón más débil de este caso, pues se trata de una persona que la misma Fiscalía General del Estado reconoce como el dueño de la camioneta en la cual huyeron los dos autores materiales del feminicidio, quien aparentemente no sabía para que usarían su vehículo.
Santiago, cuyo paso más trascendental en la política fue el haber sido delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Puebla, era principalmente conocido por ser el secretario particular y "amigo" de Javier L., quien hasta el momento es reconocido como el autor intelectual del feminicidio de Cecilia Monzón.
Cronología del caso
Fue el 21 de mayo de 2022 cuando, aproximadamente a las 9:50 horas, Cecilia Monzón, de 38 años, circulaba a bordo de su camioneta de la marca Kia, en el Camino Real a Cholula a unos metros del puente del Periférico Ecológico.
De momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta se le emparejaron y al estar a la altura del conductor dispararon en contra de Cecilia en varias ocasiones para después darse a la fuga sobre el mismo Periférico Ecológico.
Las investigaciones señalan que a bordo de la motocicleta viajaban dos hombres, uno identificado como Silvestre y el otro como Jair, este último sobrino de Javier L. y radicado en Chiapas, por lo que habría venido a Puebla únicamente para cometer el crimen.
Luego de asesinar a la activista, Jair y Silvestre condujeron la motocicleta hasta la colonia Universidades, donde abandonaron la unidad y posteriormente abordaron una camioneta, propiedad de Santiago, la cual supuestamente había sido prestada a Javier L. para acudir a una boda.
Jair regresó a Chiapas mientras que Silvestre viajó a Veracruz, donde estuvieron prófugos algunos días, pues el primero de ellos fue detenido el 6 de junio del 2022 casi de forma simultánea a la detención de Javier L., la cual se llevó a cabo mientras viajaba a bordo de un vehículo en la junta auxiliar de La Libertad.
La Fiscalía General del Estado señaló que Javier L. contrató a su sobrino y a Silvestre para privar de la vida a Cecilia, con quien en el pasado sostuvo una relación sentimental de la cual tuvieron un hijo, aunque el político priista se había negado a pagar la manutención del menor, por lo que tenía un pleito legal con la activista desde hace varios años.
Los amparos
Tras la detención, Javier L. y su sobrino interpusieron rápidamente amparos con la finalidad de obtener su liberación mientras que el político priista tramitó un segundo recurso para impedir su traslado al Cereso de Tepexi de Rodríguez.
Santiago Bárcena hizo lo propio, pero al final los cuatro implicados en el caso fueron vinculados al proceso y enviados a diferentes prisiones del estado de Puebla, como parte de la medida cautelar dentro del proceso penal por feminicidio que se les imputó a los cuatro.
Tomando en cuenta que el alegato utilizado por Santiago era que él no participó activa ni intelectualmente en el crimen, pues desconocía para que utilizaría Javier L., su vehículo, su amparo fue el único que llegó a resolverse en última instancia.
Esto permitió que tras un recurso de revisión, un tribunal unitario terminara por conceder el amparo que revocó el auto de vinculación a proceso y con esto, se ordenó su inmediata liberación al quedar absuelto del delito de feminicidio.
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Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado trató de presentar evidencias; sin embargo, ninguna fue concluyente como si lo ha sido en los casos de Javier L., y los dos autores materiales del crimen.
Actualmente continúa la defensa legal de los tres imputados, pero apenas la semana pasada concluyó el periodo de investigación complementaria del delito de feminicidio, por lo que el proceso penal continúa avanzando ante el poder judicial del Estado.
A diferencia de la defensa empleada por Santiago, Javier L., y los otros dos implicados no han logrado sostener una teoría que los absuelva del crimen, por lo que eventualmente se ve lejos la posibilidad de que puedan abandonar la cárcel.
Adicionalmente, hay que señalar que el delito de feminicidio, en caso de que se les llegara encontrar culpables del mismo, contempla penas que van de los 40 a los 60 años de prisión y al estar equiparado con el homicidio, no hay forma de qué se pueda seguir el proceso penal fuera de la cárcel.
