Ricardo Monreal, Olga Sánchez y Arturo Zaldívar, ¿quién para la titularidad de la FGR?

Ante los problemas de salud de Alejandro Gertz Manero, algunos funcionarios ya han sido tomados en cuenta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para estar al frente de la Fiscalía General de la República, entre los cuales destacan los nombres de Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero y Arturo Zaldívar, pero ¿quién podría desempeñar mejor este cargo?

 

En caso de ausencia definitiva por parte Alejandro Gertz Manero, la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR) recae, temporalmente, en el titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, Juan Ramos López. Entre tanto, el presidente tendrá que escoger una terna para ser votada en el Senado y así elegir al fiscal que ocupará el cargo durante los últimos dos años de Obrador como presidente.

 

Ricardo Monreal Ávila

 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, es uno de los personajes que han respaldado las decisiones de AMLO desde la fundación del partido y actualmente estaba siendo considerado para competir por la candidatura a la presidencia en las elecciones internas de Morena.

 

 

Siendo uno de los perfiles más cercanos al presidente, no es extraño que sea considerado para ocupar la titularidad de la fiscalía, aunque durante las últimas semanas se ha dedicado a promover su imagen de cara al proceso interno, donde fue incluido gracias a la recomendación de Andrés Manuel.

 

Monreal Ávila es un académico, abogado y político, emanado de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y designado como jefe de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México por Morena en 2014 y hasta diciembre de 2017. Desde el 1 de septiembre de 2018 se desempeña como senador de la República por Lista Nacional y funge como presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado.

 

Olga Sánchez Cordero

 

Quien fuera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante 20 años, también es uno de los perfiles más destacados para ocupar el cargo de fiscal. Olga Sánchez Cordero ingresó al gabinete de Andrés Manuel en 2018 tras ostentar el cargo de senadora por tres meses, para después desempeñarse como secretaria de Gobernación de 2018 a 2021.

 

La ahora senadora fue la novena mujer en ocupar un sillón del Tribunal Supremo y la primera mujer Notaria Pública en Ciudad de México, destacando como una de las juristas más importantes de México hasta su arribo como secretaria de Gobernación, puesto que generó polémica al ser señalada como “solapa” del presidente, por lo que en 2021 regresó a ocupar su escaño en el Senado de la Republica.

 

Arturo Zaldívar

 

Arturo Zaldívar es posiblemente el mejor perfil para ocupar la titularidad de la Fiscalía, pues tras llegar a la Suprema Corte de mano del entonces presidente Felipe Calderón, también supo acomodarse en los sexenios de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel.

 

El político arribó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009 al ser recomendado por el entonces presidente Felipe Calderón (PAN). Cuando llegó Peña Nieto, Zaldívar se supo acomodar al suscribir las modificaciones promovidas en el llamado “Pacto por México”, lo que le brindo de confianza y contactos para intentar regresar a la SCJN.

 

 

Gracias a Andrés Manuel, alcanzó la presidencia de la Suprema Corte y terminó promoviendo la nueva forma de política en México, bajo las directrices del partido morenista. En este puesto, se encargó de apoyar el aborto legal y seguro, así como mantuvo en la agenda la protección a personas que ejercen su derecho al libre tránsito.

 

Entre sus logros más destacados está su visita al Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, donde evidenció las condiciones infrahumanas en las que las mujeres viven en las prisiones mexicanas, teniendo como consecuencia la liberación de decenas de mujeres del centro penitenciario. 

 

En el último año, la SCJN resolvió la controversia promovida contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), dándole la razón jurídica al gobierno federal, dando un pase libre a la promesa de AMLO respecto a la búsqueda de la autonomía energética.

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