.gif)
En el Senado de la República se aprobó, finalmente, el llamado “Plan B” de la Reforma Electoral de AMLO tras una discusión de siete horas. Como era de esperarse, el bloque opositor a Morena intentó, sin éxito, que esto no sucediera y la votación final de 72 a favor y 50 en contra dio luz verde a los cambios propuestos por López Obrador, pero ¿qué recursos pueden aplicarse para revertir la aprobación?
Una de las ultimas opciones que quedan frente a este cambio es llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para que sea derogada por inconstitucional. Diputados y senadores de Acción Nacional, PRI y PRD han advertido que instarán a la SCJN a que dé marcha atrás a esto por ser un riesgo contra los derechos electorales y la autonomía del órgano electoral.
Lorenzo Córdova, presidente del INE, insistió constantemente en que esto sería un atentado contra la democracia y la autonomía del organismo que dirige. Ciro Murayama, consejero del INE, dijo que confía en que la Corte lo revierta y, si se logra antes del 2 de junio, las próximas elecciones presidenciales se podrán hacer con normalidad.
La senadora priísta, Claudia Ruíz Massieu, dijo que “no se iban a quedar de brazos cruzados mientras debilitan al instituto”, y que harán que la situación cambie en un Tribunal Electoral por inconstitucionalidad. Llamaron a esto “Plan C”, ya que según Massieu, este es “el plan de los ciudadanos”.
Con las elecciones de Coahuila y el Estado de México en puerta, el ministro Alberto Pérez Badayan concedió suspensión a que las nuevas reglas no se apliquen en estos escenarios, por las acciones de inconstitucionalidad 29/2023, 30/2023, 31/2023, 37/2023, 38/2023, 43/2023 y 47/2023. Aunque esto pudiera verse como una primera victoria, el senador Alejandro Armenta declaró que esto no indica que todo el proyecto sea contrario a la Constitución, y que el proceso continuará.
El mayor cambio que se dio previo a su aval fue el retiro de la cláusula que facultaba a un partido para transferir votos a otros dentro de una coalición, impidiendo que algún partido perdiera el registro, lo que se llamó “cláusula de vida eterna”. Esto podía ayudar a que grupos como el PES, que ha perdido la certificación en dos ocasiones y fue aliado de Morena, se mantuviera con vida incluso si la gente no votaba por ellos.
En diciembre de 2022, la Cámara de Diputados dio el primer rechazo a la reforma constitucional, luego de que en las votaciones no obtuvieran la mayoría calificada. En este sentido, el “Plan B” se enfocó en cambiar las leyes secundarias, por lo que solo requieren la mayoría simple que sí tiene el partido del presidente y sus aliados. A pesar de que se aprobó ese mes, se discutió hasta ahora en el Senado porque, ya aprobada, se añadió una norma más, la de “vida eterna”, que tuvo que eliminarse.
Esto cambiaría gran parte de la administración del Instituto Nacional Electoral (INE), incluida la desaparición de 300 juntas distritales, las encargadas de organizar y llevar a buen puerto las elecciones. A esto se sumaría el recorte presupuestal, tanto a partidos políticos como al instituto; puntualmente se quitarían 3,500 millones de pesos que, en parte, abarcan los salarios de consejeros. Lorenzo Córdova aseguró que el supuesto ahorro se iría en la compensación para los trabajadores que se quedarán sin empleo.
Finalmente, una alteración más es en materia propagandística, modificando que, si un anuncio publicitario del gobierno no está etiquetado como tal, se abre la brecha a que pueda violarse la veda electoral, incluso si la publicidad se hizo con recursos públicos.
